Seguridad

Hay una persona detenida
La investigación comprobó que la extracción de dinero se produjo en las gestiones 2015, 2016 y 2017
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El Ministerio Público confirmó este jueves un nuevo caso de desfalco en el Banco Unión, de al menos Bs 1,6 millones, en la agencia Desaguadero y que involucra a un exjefe de Operaciones.

El fiscal Omar Mejillones indicó que Julio César R.B. cometió el ilícito financiero, aprovechando el cargo y tiene semejanza con el modus operandi de Juan Pari, detenido en el penal de San Pedro.

La investigación comprobó que la extracción de dinero se produjo en las gestiones 2015, 2016 y 2017, años en que el jefe  de Operaciones “fue sacando sumas de dinero, presuntamente burlando los controles de la entidad bancaria”. Aún se desconoce detalles de la aplicación del delito.

"Luego del caso del desfalco de Juan Pari, el Banco Unión procedió hacer auditorías a otras sucursales de la entidad, con lo que luego de una investigación en la localidad de Desaguadero, se pudo conocer que el exjefe de operaciones Julio César R.B., habría cometido ilícitos financieros. Esta persona ya está aprehendida y será puesta a manos de la justicia ordinaria en las próximas horas", manifestó.

El Banco Unión a través de un comunicado señaló que en los últimos meses la nueva Administración financiera implementó ajustes en la Gestión de Riesgo Operativo y Sistema de Control Interno. "La medida prioriza actividades orientadas a incorporar medidas de  prevención, detección y respuesta para prevenir eventos relacionados a fraudes internos, principalmente, los asociados al manejo de efectivo"

"Producto de dichas acciones, se identificó la apropiación indebida  de Bs 1.660.000 en la Agencia Desaguadero ocurrida en el periodo de septiembre 2015 a junio de 2017", agrega la nota de prensa.

Caso Felipa Huanca
"Nunca notificaron a Rafael, esta orden la recibieron ayer a las cinco de la tarde. Cuando tenía que presentarse el presentó un memorial porque no podía"
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El diputado Amilcar Barral  confirmó este miércoles a Radio San Gabriel que su colega Rafael Quispe fue aprehendido, en cumplimiento de una orden judicial por el presunto delito de acoso político y violencia contra la mujer.

El parlamentario indicó que varios legisladores acompañarán en la audiencia de medidas cautelares que se cumplirá en la presente jornada. En este momento se encuentra en celdas judiciales.

"Nunca notificaron a Rafael, esta orden la recibieron ayer a las cinco de la tarde. Cuando tenía que presentarse el presentó un memorial porque no podía, pero ya se emitió un mandamiento. Rafael estuvo denunciando muchas cosas del mismo fiscal de distrito", dijo.

El fiscal Fernando Lea Plaza explicó detalles del operativo policial de aprehensión y recordó que anteriormente fue declarado en rebeldía por ausencias frecuentes al juicio oral interpuesto por la excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipa Huanca.

"Se ejecutó el mandamiento de aprehensión dispuesto por el Juzgado Primero Anticorrupción y bajo esa disposición Quispe fue remitido a celdas judiciales a la espera de una audiencia del tribunal competente", sostuvo.

Caso Buses Sariri
Se adjudicó la compra a una empresa, incumpliendo el Decreto Supremo 181, por lo que es procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica
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El exañcañde de El Alto, Edgar Patana, fue remitido nuevamente a la cárcel de San Pedro, luego que la Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de la ciudad de La Paz dictó detención preventiva, por la compra irregular de los “Buses Sariri”, hecho que provocó daño económico al Municipio.

De acuerdo con información brindada por Jeral Quisberth, director General de Asesoría Legal de la Alcaldía alteña, la exautoridad fue trasladada al mencionado penal, en cumplimiento a la disposición del juez cautelar.

En marzo de 2014, el exalcalde Patana procedió a la compra de 60 buses a los que denominó “Sariri”, sin contar con una información de precios referenciales. Se adjudicó la compra a una empresa, incumpliendo el Decreto Supremo 181, por lo que es procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La exautoridad se quedó sin argumentos para solicitar la cesación de detención preventiva, toda vez que sobre él ya existe otra acción penal por el caso de los 14 vehículos donados por el Ministerio de la Presidencia que fueron dispuestos a favor de terceras personas.

En su descargo, Patana señaló que no se justificaba su aprehensión y calificó de política, reiterando que era inocente de los cargos por los que fue imputado. 

Anticipó la emisión de datos para demostrar su posición.

Beneficios a Bolivia
Dijo que Bolivia, al igual que Irán, está en contra de las políticas imperialistas y de intimidación
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El ministro de Defensa iraní, general de brigada Amir Hatami, dijo este miércoles que Irán está listo para aumentar la cooperación militar con países amigos, entre ellos Bolivia, que persiguen una política exterior independiente.

El jefe militar hizo las declaraciones en una reunión con el comandante en jefe boliviano, almirante Yamil Octavio Borda Sosa.

Hatami saludó al movimiento de liberación boliviano y su actual política exterior independiente, diciendo que "creo que la presencia de estados independientes como Bolivia en el Consejo de Seguridad (de la Organización de Naciones Unidas) puede ayudar a la estabilidad y seguridad del mundo".

El ministro de defensa iraní continuó diciendo que los estados independientes deberían tener políticas de defensa independientes, expresando la disposición de Irán para cooperar militarmente con todos los países independientes.

Afirmó que Irán da la bienvenida a la política exterior independiente del presidente boliviano Evo Morales en el ámbito internacional, y agregó que Irán está listo para aumentar su cooperación con el país sudamericano en el campo de la tecnología de defensa.

Yamil Octavio Borda Sosa, por su parte, se refirió a sus reuniones fructíferas con diferentes funcionarios de alto rango iraníes, alabando sus enfoques antiimperialistas.

El representante boliviano expresó el interés de Bolivia en utilizar las experiencias de Irán y en ampliar las relaciones bilaterales entre los dos países en las áreas de tecnología, ciencia e industria.

Dijo que Bolivia, al igual que Irán, está en contra de las políticas imperialistas y de intimidación, y elogia a Irán por haber logrado un gran progreso a pesar de las sanciones occidentales.

(MEHR News)

Caída de jaula
El sacerdote oblato Guillermo Siles señaló que hay profunda tristeza en la población minera y la policía inició con las investigaciones del caso
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Seis muertos y tres heridos es el saldo de un accidente que se produjo en el nivel 650 de la mina Siglo XX, en el Norte Potosí, según el informe de Radio Pío XII.

El suceso se registró a horas 08:00 de este martes, en el instante en que la jaula-ascensor que traslada a trabajadores abruptamente se deslizó a un sector profundo.

Los fallecidos fueron identificados como: Daniel Torrez; David Churqui; Santiago Colque; Jhimy Colque; Teodoro Vela, quien salió herido del lugar del accidente, pero falleció cuando recibía atención médica; y Freddy Vega Lizondo, quien murió en el camino a Oruro.

El sacerdote oblato Guillermo Siles señaló que hay profunda tristeza en la población minera y la policía inició con las investigaciones del caso para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

"Esta mañana a las 8 am. Ocurrió un accidente en el interior de la mina. Pasa que la jaula que transportaba a los mineros cooperativistas cayó 240 metros y resultado de este accidente son 5 muertos y 4 heridos. Estos hechos enlutan la familia minera, P. Roberto Durette Martin nos informa y en este momentos hay una gran tristeza", señaló en su cuenta de facebook.

.Fidel Coca Colque, Félix Tola Mamani y Sebastián Calle, heridos en el hecho minero fueron trasladados al hospital de la Caja Nacional de Salud de Uncía.

Autor intentó suicidarse
La mujer fue torturada antes de ser asesinada, tenía más de seis heridas de arma blanca (cuchillo); cuatro cortes en el brazo izquierdo
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La madrugada de este sábado, en una vivienda del barrio Castañal de la capital pandina, un hombre asesinó a su pareja con más de seis heridas de arma blanca, posteriormente se hizo un corte en la garganta, en un intento fallido de suicidio.

     La población pandina amaneció horrorizada por el primer caso de feminicidio en la actual gestión. La víctima fue identificada como Kimberly Rodríguez Flores, de 21 años, estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Amazónica de Pando, y el agresor Ariel Villagrán Jordán (24), funcionario de un centro de salud, en la capital.

     De acuerdo al informe preliminar del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rubén Julio Cadima, el hecho de sangre sucedió al promediar las 04.30 horas de este sábado, en una vivienda de un barrio periférico de la ciudad de Cobija.

     A denuncia de vecinos de la zona, efectivos policiales encontraron en la puerta de una vivienda a un  hombre ensangrentado por una herida en el cuello, en el interior detectaron el cuerpo de una mujer tendida en el piso, en medio de un charco de sangre, sin signos vitales, por varias heridas cortantes en su cuerpo.

     De acuerdo al análisis policial, la mujer fue torturada antes de ser asesinada, tenía más de seis heridas de arma blanca (cuchillo); cuatro cortes en el brazo izquierdo, tres en la muñeca derecha, dos puñaladas en la región del tórax y un corte profundo en el cuello, que le causó una hemorragia aguda.

     Después de acabar con la vida de su pareja, producto de celos, el agresor se hizo un corte en la garganta, en un intento fallido de suicidio. De acuerdo al informe de los médicos del hospital Roberto Galindo, el paciente se encuentra estable, aunque debe permanecer internado.

     Amigos de la víctima señalaron que la joven pareja, que tiene una niña de 2 años, estaba en proceso de separación. Antes de cometer el feminicidio y suicidarse, el hombre hizo un par de llamadas telefónicas –como despedida- para recomendar el cuidado de su pequeña y pedir disculpas por lo que sucedería más adelante.

     Efectivos de la Felcv en coordinación con el Ministerio Público realizan las investigaciones para establecer las verdaderas causas del hecho de sangre. El agresor –internado en el hospital Galindo- está en condición de aprehendido, en las siguientes horas será citado para su declaración y posteriormente la fiscal asignada al caso solicitará la detención en la cárcel de Villa Busch por el delito de feminicidio.

(Perla del Acre)

Acusado de robo en Chile
La Fiscalía de Arica logró probar que Quispe Chacolla ingresó en la mañana del 18 de octubre de 2015 a una vivienda
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El Tribunal Oral Penal de Arica sentenció a 10 años y un día de cárcel al ciudadano boliviano Juan Carlos Quispe Chacolla (22), por dos delitos de robo en lugar habitado en el altiplano chileno. En el juicio, el extranjero fue absuelto por las muertes de dos carabineros.

La Fiscalía de Arica logró probar que Quispe Chacolla ingresó en la mañana del 18 de octubre de 2015 a una vivienda de una estancia de la comuna de General Lagos, donde sustrajo 200 mil pesos en efectivo y un vehículo Mitsubishi Delica estacionado en el lugar de propiedad del dueño de casa.

Tras el hecho, la víctima recibió antecedentes respecto a que el imputado circulaba en su vehículo por la zona por lo posteriormente se dirigió hasta el poblado de Santiago de Menchaca en Bolivia, donde finalmente pudo recuperar su máquina tras las gestiones de la Fiscalía de esa localidad logrando traerlo devuelta a Chile.

Posteriormente, el 8 de diciembre del mismo año, Quispe Chacolla ingresó a la fuerza a una vivienda de la estancia Challaselca, en las cercanías de Visviri, desde donde sustrajo un teléfono celular y su cargador. Al huir del sector en una motocicleta el imputado fue divisado por uno de los habitantes del inmueble.

"El tribunal optó por entregar una pena única de 10 años y un día, es una pena bastante importante y que a nuestro juicio es proporcional respecto de dos delitos de gravedad como son los robos en lugar habitado", expresó el fiscal Carlos Eltit.

En relación al crimen de los carabineros Germán Cid y Víctor Godoy, ocurrido el 22 de enero de 2015 en una estancia cercana a la localidad de Chislluma, sobre los 4.200 metros de altitud en el marco de un patrullaje nocturno, los jueces del Tribunal Oral absolvieron a Quispe Chacolla ya que estimaron que no se logró acreditar su participación en los hechos.

"El hecho ocurrió bajo condiciones geográficas y climatológicas y de altura que hicieron muy difícil el trabajo del sitio del suceso y por otro lado hay que considerar que el acusado fue traído a la frontera por un grupo de personas de otro país y eso es una situación totalmente excepcional, que puso a prueba toda nuestra forma de trabajo y legislación, porque un caso así no está contemplado en la ley", expuso el persecutor.

El fiscal Carlos Eltit explicó que analizarán los fundamentos del fallo del Tribunal Oral para evaluar la presentación de un recurso de nulidad.

En diciembre de 2015, Quispe Chacolla sufrió un intento de linchamiento en Charaña (Bolivia), por lo que confesó su participación en las muertes para lograr que los entregaran a Carabineros de Chile. Sin embargo, después se retractó y lo mismo hizo en el juicio.

(Pura Noticia)

Se habría "apropiado" de un vehículo
“Ante el reclamo del propietario del vehículo, el Juez le prometió que la apelación saldría favorable porque los vocales eran más amigos, pero el fallo también fue negativo"
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El Ministerio Público informó que la autoridad jurisdiccional determinó el miércoles la detención preventiva en la carceleta de Camargo del juez Luis Eduardo G. R., por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Concusión, Cohecho Pasivo Propio, Consorcio de Jueces, Fiscales, Policías y Abogados.

El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, explicó que en la audiencia desarrollada en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de Sucre, el Ministerio Público presentó elementos de convicción y acreditó riesgos procesales como obstaculización de la investigación ya que como juez puede influir en cualquier miembro de la administración de justicia e influir negativamente en testigos y partícipes, según una nota de prensa institucional.

En el proceso investigativo se estableció que Luis Eduardo en su calidad de Juez de Sentencia Nº 1 de Sucre obtuvo ventajas ilegítimas en beneficio propio, ya que se adueñó de un vehículo marca Toyota Modelo RAV4 para lo cual indicó al propietario que hablaría con sus “amigos” miembros del Tribunal de Sentencia Nº 3, para beneficiarlo con una sentencia absolutoria en el marco de un proceso penal que se tramitaba en esa instancia.

La promesa de Luis Eduardo no se cumplió porque ese Tribunal sentenció al ciudadano Luis Alberto Aguilar Osinaga tres años de privación de libertad. “Ante el reclamo del propietario del vehículo, el Juez le prometió que la apelación saldría favorable porque los vocales eran más amigos, pero el fallo también fue negativo".

Posteriormente, la víctima buscó nuevamente al Juez y éste le prometió que su problema se arreglaría en el Tribunal Supremo de Justicia realizando para ello una llamada a una de sus “amistades” a quien le pidió que le ayude porque era su familiar, sin embargo nuevamente el fallo salió en contra, ejecutándose mandamiento de condena en fecha 3 de diciembre de 2017 en contra de Luis Alberto Aguilar Osina.

El Ministerio Público presentó como evidencia del ilícito la minuta de transferencia del vehículo RAV4 como forma de pago para que Luis Eduardo hable con los miembros del Tribunal de Sentencia Nº 3, de manera que se obtenga sentencia absolutoria.

Ante los elementos de convicción expuestos por los miembros de la Fiscalía Corporativa Anticorrupción, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva del imputado en la carceleta de Camargo.

La autoridad judicial cumplirá ese fallo en ese recinto provincial, para "garantizar su seguridad", debido a que en el penal de San Roque se encuentran internos que recibieron condenas de G.R.

Descargo

El Juez de Sentencia 1 denunció que es víctima de “persecución” por parte del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia a título de lucha contra la corrupción, cuando la máxima autoridad recurre a entrevistar a los jueces denunciantes en una labor que debe realizar la Fiscalía, informa Correo del Sur.

Su defensa denunció que el lunes, cuando su defendido fue a presentar su declaración informativa a la Fiscalía, no le entregaron el cuaderno de investigaciones aduciendo que el caso había sido declarado en reserva. Se quejó porque pese a que la reserva estuvo vigente hasta el martes, sí se facilitó el cuaderno para que Yenet O. brindara su declaración. ¿Por qué me están queriendo perjudicar?, se preguntó Gonzales.

Era representante legal de empresa adjudicada
García Maygua estampó su firma junto a la del alcalde José María Leyes y la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García,
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El representante legal de la Asociación de Empresas 26 de Julio, Nestor García Maygua, fue enviado este domingo a la cárcel de San Sebastián, por la denuncia de supuesta corrupción en la adjudicación de mochilas escolares para estudiantes de colegios de Cochabamba.

Luego de cuatro horas y 30 minutos de audiencia cautelar, el juez Nelson Pereira, ordenó su encarcelamiento e ese recinto acusado de contratos lesivos al Estado.

Pese a las aclaraciones y explicaciones de su abogado defensor, la autoridad judicial consideró que había riesgo de fuga debido a que no cuenta con domicilio propio ni recursos.

García Maygua fue incluido en la investigación porque en enero de 2018 estampó su firma junto a la del alcalde José María Leyes y la secretaria de Desarrollo Humano, Andrea García, para que la Asociación 26 de Febrero se adjudique un contrato de 12,4 millones de bolivianos para la provisión de 91 mil mochilas con material escolar. Los denunciantes señalaron que hubo sobreprecio en ese proceso.

El dueño de la empresa, Juan de Dios Morales, se habría contactado con el ahora detnido para que lo represente en esa adjudicación, a cambio del pago de Bs 3.500 como honorarios.

(Fotografía: Los Tiermpos)

No vuelve a la Alcaldía
Leyes es procesado por cinco delitos vinculados al presunto sobreprecio y adjudicación de más de 91.000 mochilas
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Viernes, 4 de mayo de 2018, hrs. 15:30

La justicia cochabambina ratificó este viernes la orden de detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes, a causa del bullado caso de Mochilas Chinas.

La decisión fue adoptada en la audiencia de apelación que se cumplió en la sala Penal Tercera y que contó con la presencia de gente allegada a la autoridad municipal sus pendida.

El juez Nelson Pereira ratificó las medidas sustitutivas y ahora se espera que su defensa presente un recurso de modificación, debido a que se descartó el riesgo de fuga.

La decisión ya tiene su primera consecuencia, en las próximas horas deberá elegirse al sustituto de Leyes.

En la sesión que duró casi siete horas, los acusadores pidieron la detención preventiva del alcalde en la cárcel de San Sebastián.

El director de Lucha Contra la Corrupción, César Romano, observó la adquisición de logotipos de las mochilas como la primera irregularidad del proceso de contratación calificando la licitación como un proceso simulado, según Los Tiempos

Por su parte, la defensa del Alcalde argumentó, en primera instancia, la violación de la garantía de presunción de inocencia. 

“El primer dato a aportar es la relación entre uno y otro, no hay prueba”, manifestó el abogado Alberto Morales negando que exista vínculo entre la Asociación 26 de Febrero y Leyes. 

Morales desestimó que el bugomaestre tenga relación con las irregularidades de la adjudicación, en relación a la compra anticipada y los logos estampados de “Cochabamba sorprendente”, previos a la publicación del DBC. “¿Dónde está la expresión personal de la adecuación de la conducta del alcalde Leyes en ese conjunto de actos?”.

Mientras la audiencia se llevaba a cabo, afuera del edificio del Tribunal Departamental de Justicia, un grupo reducido de seguidores de Leyes protestaba con gritos: “liberen al Alcalde”, “José María no estás solo”.

Leyes es procesado por cinco delitos vinculados al presunto sobreprecio y la adjudicación irregular  de más de 91.000 mochilas escolares para la gestión 2018, según el matutino valluno.

(Fotografía: Los Tiempos)

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