La presidenta de Derechos Humanos en El Alto, Virginia Ugarte, realizó un pronunciamiento firme respecto a la aprobación del nuevo estado de excepción, advirtiendo que las medidas no deben vulnerar las garantías fundamentales de la población. Señaló que los bloqueos prolongados, que se extendieron por más de 50 días, han generado consecuencias negativas no solo para quienes fueron afectados directamente, sino también para los propios sectores movilizados.
Explicó que en provincias como Los Andes y en los Yungas, los agricultores se vieron obligados a abandonar sus labores de siembra y cosecha para participar en los bloqueos, lo que derivó en pérdidas irreparables. La época de heladas impidió además la producción de chuño, afectando gravemente la economía campesina y el abastecimiento de alimentos.
La presidenta subrayó que el estado de excepción debe aplicarse conforme al bloque constitucional, garantizando que no se vulneren los derechos humanos de ningún ciudadano. Enfatizó que tanto el Gobierno central como los sectores movilizados merecen protección plena de sus derechos, y pidió a los legisladores actuar con responsabilidad al aprobar medidas de esta naturaleza.
Dirigiéndose al presidente Rodrigo Paz, lo exhortó a escuchar las demandas del pueblo y a exigir mayor eficiencia de sus ministros y operadores políticos. Recordó que se otorgaron 90 días para resolver problemas estructurales como el abastecimiento, pero que las soluciones aún no se han concretado. Asimismo, señaló que existen compromisos asumidos con organizaciones sociales que no se han cumplido en su totalidad, lo que podría generar nuevas tensiones si no se atienden de manera inmediata.
El mensaje concluyó con un llamado claro y contundente: “El Gobierno debe escuchar a su pueblo y cumplir los compromisos asumidos, sin vulnerar los derechos humanos de nadie”. La advertencia busca evitar nuevas confrontaciones y garantizar que las decisiones estatales respeten la Constitución y la dignidad de todos los bolivianos.
