Leonardo Loza gobernador de Cochabamba tildó la norma de «inconstitucional y nefasta» para la democracia, asegurando que no resolvió la falta de dólares ni de diésel y que demuestra la incapacidad del Ejecutivo para dialogar con el país.
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, expresó su firme rechazo a la ampliación por 90 días del estado de excepción decretado por el Gobierno central, calificándolo de «antecedente nefasto» para la democracia boliviana. Desde la sede de la Gobernación en la Llajta, la autoridad departamental sostuvo que la medida es forzada e inconstitucional y que solo pone en evidencia la falta de capacidad de gestión y de diálogo del Ejecutivo.
En declaraciones vertidas a los medios de comunicación, Loza afirmó que en un sistema democrático debe primar el entendimiento con la sociedad y no la imposición de normativas de excepción que coartan derechos.
«En tiempos de democracia debería primar el diálogo, el entendimiento y la capacidad de dialogar del Gobierno central. Esto demuestra que el Gobierno no tiene ninguna capacidad de diálogo con su pueblo, con su país, que en algún momento votó por ellos. Por eso, de manera forzada e inconstitucional, amplían por 90 días más este estado de excepción», aseveró la primera autoridad departamental.
Cero resultados económicos y empeoramiento de la crisis
El Gobernador fue enfático al cuestionar los resultados de los primeros tres meses de vigencia de la medida, asegurando que no resolvió ninguno de los problemas estructurales que golpean a la población boliviana.
«Un estado de excepción que no sirvió para nada. ¿Qué resolvió? ¿Hay más combustible? No hay, cero, empeoró el problema. ¿Hay más dólares en Bolivia? No existe, más al contrario, el precio sube. Es un estado de excepción que no resolvió nada porque el Gobierno no tiene capacidad de trabajo para el país», recriminó Loza.
«Una pantalla para ocultar hechos de corrupción»
Finalmente, el ejecutivo departamental denunció que el estado de excepción ha sido utilizado por el nivel central del Estado como un mecanismo de distracción frente a las irregularidades que salpican a la administración pública.
A decir de Loza, el decreto «solo ha servido para escudarse y tapar los graves hechos de corrupción que se han generado al interior del mismo Gobierno», por lo que exigió dejar de lado las restricciones de excepción y atender de manera directa y transparente las demandas prioritarias de la población.
