El exfuncionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Wilbert Villca, denunció públicamente irregularidades en el proceso de saneamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz, señalando que propiedades vinculadas a la familia Marinkovic y a corporaciones empresariales del oriente boliviano fueron objeto de apropiaciones cuestionadas.
Villca recordó que la propiedad denominada Las Londras fue dotada en mayo de 1989 por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro a Héctor Justiniano Paz, empresario y dirigente cívico que posteriormente presidió la CAINCO y el Comité Pro Santa Cruz. En 1993, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, se consolidó la adjudicación de 12.000 hectáreas, que luego fueron subdivididas en nueve predios. Entre ellos se encuentra Santa María, transferida primero ala padre de Branko Marinkovic , Silvio Marinkovic y posteriormente a su hija, Tatiana Marinkovic.
El exfuncionario subrayó que estas transferencias reflejan un patrón de enajenación de tierras fiscales entre corporaciones como Unagro, Colby y Hyuza, beneficiando a familias empresariales que lucraron con terrenos originalmente destinados a la función social. Villca recordó que Unagro se apropió del ingenio estatal homónimo en 1993, durante la gestión de Samuel Doria Medina como ministro de Planificación, en el gobierno de Jaime Paz Zamora.
La sentencia agroambiental de 2015
En 2015, una sentencia agroambiental constató que las mejoras en Las Londras casas, corrales, alambrados y desmontes fueron realizadas recién después de 1996. Según la normativa, toda actividad posterior a esa fecha en tierras fiscales carece de validez legal, pues la función económica social debía demostrarse previamente. El informe técnico del INRA señaló que los ganados habían sido trasladados recientemente y que las construcciones eran nuevas, evidenciando una “aparente posesión legal” creada para consolidar la propiedad.
Villca enfatizó que este incumplimiento de la función social convierte a Las Londras en tierras fiscales, pese a los intentos de consolidación por parte de empresarios. “Los denominados avasalladores en realidad han sido los propios empresarios del oriente, que han usufructuado tierras del Estado”, afirmó.
Contexto político y social
La denuncia se produce en medio de tensiones por la expulsión forzosa de desalojo, impulsada por el gobernador Fernando Camacho, y revive el debate sobre el rol de las corporaciones empresariales en la apropiación de tierras fiscales. Para Villca, el caso de Las Londras es emblemático: muestra cómo las dotaciones estatales de finales de los años 80 y principios de los 90 fueron transformadas en negocios privados, debilitando el principio de redistribución y acceso equitativo a la tierra.
El caso Las Londras expone una trama de intereses cruzados entre corporaciones, familias empresariales y autoridades políticas, donde la tierra, bien público y recurso estratégico fue objeto de transferencias y consolidaciones que hoy son cuestionadas por incumplir la función social. La denuncia de Villca reabre el debate sobre la transparencia en los procesos agrarios y la necesidad de garantizar que las tierras fiscales cumplan su verdadero propósito: beneficiar a las comunidades y al desarrollo productivo sostenible.
