Las filas por diésel volvieron a poner a YPFB bajo intervención. El Gobierno decidió revisar la importación, logística y distribución de combustibles mientras transportistas, productores y conductores esperan durante horas —y en algunos casos días— para cargar carburantes.
El Decreto Supremo 5697 dispone una intervención estatal extraordinaria y temporal por hasta 180 días. El plazo podrá ampliarse una sola vez por otros 90 si persisten las causas que motivaron la medida.
La decisión responde a la emergencia del abastecimiento, pero encuentra a la petrolera en una crisis mucho más profunda. En el año en que llega a sus nueve décadas de existencia, YPFB administra menos reservas, produce menos hidrocarburos, perdió mercados de exportación y depende cada vez más de las importaciones.
Un dato de Fundación Jubileo retrata su deterioro institucional: desde la refundación de 2006, YPFB tuvo 17 presidentes ejecutivos y todos ejercieron de manera interina. La principal empresa pública del país cambió de máxima autoridad casi una vez por año durante las últimas dos décadas.
