La Federación de Choferes Chuquiago Marka declaró este lunes un estado de emergencia departamental y anunció que no asistirá a nuevas convocatorias de diálogo con el Gobierno, denunciando el incumplimiento de tres actas firmadas previamente. El dirigente Santos Escalante fue categórico: “Hemos asistido tres veces, hemos firmado tres compromisos, y en las tres ocasiones el Gobierno ha incumplido. Por eso hoy las bases deciden no asistir”.
Exigencias inmediatas
- Resarcimiento económico: La Federación exige que el Gobierno demuestre un avance del 70 a 80% en la lista de vehículos afectados por el combustible defectuoso.
- Periodo de gracia: Solicitan un decreto de seis meses de gracia para créditos, no solo para el transporte, sino para todo el departamento de La Paz, “porque todos hemos sido perjudicados”.
- Cumplimiento de acuerdos previos: Reclaman la ejecución inmediata de los compromisos firmados en actas anteriores.
Escalante amenazo “Si en 24 horas no cumplen, nos uniremos al pueblo exigiendo la renuncia del presidente por incapacidad”. “El transporte siempre ha estado abierto al diálogo, pero en tres ocasiones nos han incumplido. Hoy los dirigentes somos tildados de vendidos gracias al Gobierno”.“La canasta familiar se ha inflado en un 300%. Nuestros compañeros ya ni carne conocen. Los asalariados están colgados, no tienen de dónde comer” añadió.
Escenario crítico en La Paz
El paro continúa y la parálisis del transporte mantiene a miles de socios en surtidores y calles, mientras el departamento enfrenta un ahogo económico y social. Escalante advirtió que la Federación no se desmarcará de las bases y que, de no haber soluciones inmediatas, se sumarán a la presión popular.
La Federación Chuquiago Marka exige que cualquier futura reunión sea pública y transparente, denunciando que en anteriores encuentros los dirigentes fueron incomunicados al retirarles los celulares. “Queremos que la población sepa lo que exigimos y que el Gobierno demuestre en tiempo y materia el avance real del resarcimiento”, enfatizó Escalante.
Este pronunciamiento marca un quiebre en la relación entre el transporte paceño y el Gobierno, con un ultimátum de 24 horas que podría escalar hacia un pedido abierto de renuncia presidencial si no se cumplen las demandas.
