El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre la creciente tensión que atraviesa el país y las graves consecuencias que la conflictividad está generando en miles de familias bolivianas. Señaló que detrás de cada jornada de enfrentamiento existen personas cuyos derechos fundamentales están siendo vulnerados, desde pacientes que requieren atención médica hasta sectores económicos afectados por el desabastecimiento y la paralización del transporte.
Callisaya advirtió que la violencia no constituye una solución duradera, sino que alimenta nuevos niveles de confrontación. “La pérdida de una vida de una boliviana o de un boliviano sería una tragedia adicional a las que ya estamos viviendo”, enfatizó, subrayando que ninguna reivindicación puede tener más valor que la vida humana.
En su pronunciamiento, el Defensor del Pueblo llamó a los sectores movilizados a ejercer el derecho a la protesta en armonía con los derechos de toda la población, evitando medidas de presión que pongan en riesgo a terceros. Al mismo tiempo, exhortó al Estado a garantizar los derechos de las personas, escuchar las demandas sociales y evitar respuestas desproporcionadas, privilegiando siempre soluciones pacíficas.
La institución informó que despliega dos líneas de acción: la humanitaria, con monitoreo de detenidos, atención de heridos y gestión de tránsito para ambulancias y cisternas de oxígeno; y la del diálogo, mediante reuniones con diversos actores sociales. En coordinación con la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, la Defensoría reiteró su llamado a restablecer espacios de encuentro.
“El país necesita menos confrontación y más responsabilidad, menos imposiciones y más diálogo, menos violencia y más humanidad. Proteger la vida y abrir caminos de diálogo es hoy la responsabilidad de todos los actores en Bolivia”, concluyó Callisaya.
