La concejal de El Alto, Fabiola Furuya, informó que envió una minuta de comunicación a la alcaldesa Eva Copa para exigir el cumplimiento de la abrogación de la Resolución Municipal que fijaba el pasaje del transporte público en Bs 2 para el tramo corto y Bs 2,50 para el tramo largo. La autoridad edil recordó que el Concejo Municipal aprobó la Resolución 015-2026, que establece la tarifa única de Bs 1,50, además de un boliviano para estudiantes y personas con discapacidad.
Furuya advirtió que, de no acatarse esta normativa, iniciará un proceso penal contra la alcaldesa por presunto incumplimiento de deberes.
Críticas al trameaje y falta de operativos
La concejal cuestionó que, pese a los anuncios de control, el trameaje continúa en diferentes zonas de la ciudad. Señaló que los operativos de fiscalización fueron temporales y que actualmente los transportistas han retomado la práctica de fraccionar los recorridos, afectando directamente a los usuarios.
“Quiero decir a la población que no piense que por el carnaval nos estamos olvidando del tema de los pasajes. Hemos visitado distintas zonas de El Alto y el trameaje continúa, no nos pueden mentir. Algunos transportistas siguen fraccionando los recorridos y los operativos fueron solo momentáneos, ahora ya no se realizan”, afirmó.
Exigencia de informe oral
Como vicepresidenta del Concejo Municipal, Furuya solicitó además que la alcaldesa Copa presente un informe oral sobre la situación del transporte en El Alto, con el fin de transparentar las acciones que se están tomando para garantizar el cumplimiento de la normativa.
“Tenemos siete días para recibir una respuesta a la minuta enviada. Además, estoy solicitando un informe oral sobre el transporte en la ciudad de El Alto, porque la población merece claridad y soluciones”, remarcó.
Contexto normativo
La abrogación de la resolución que autorizaba el incremento de pasajes fue aprobada en 2025, y con la nueva disposición se busca consolidar un pasaje único de Bs 1,50 en toda la ciudad, además de tarifas diferenciadas para estudiantes y personas con discapacidad.
Tensión institucional
La advertencia de Furuya abre un nuevo capítulo en la relación entre el Concejo Municipal y la Alcaldía de El Alto, en un tema sensible para la población: el costo del transporte público. La concejal insistió en que el cumplimiento de la normativa es una obligación y que no hacerlo podría derivar en responsabilidades penales para la autoridad edil.
