La jornada de hoy en inmediaciones del Mercado Camacho se convirtió en un reflejo de la tensión social que atraviesa el país. Desde la madrugada, centenares de ciudadanos se apostaron en filas interminables con la esperanza de adquirir carne de pollo a 18 bolivianos el kilo, precio anunciado por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). Sin embargo, la expectativa se transformó en frustración cuando la comercialización no comenzó en el horario previsto y la población denunció desorganización, retrasos y falta de coordinación.
El ambiente se tornó cada vez más tenso. Personas que llegaron desde las dos, tres y cuatro de la mañana reclamaban que la venta debía iniciar a las nueve, pero pasadas las nueve y media aún no se abrían las puertas. Los gritos de protesta se multiplicaron, acompañados de relatos de ciudadanos que fueron trasladados de un punto de venta a otro, lo que generó mayor desorden y sensación de injusticia. La indignación se profundizó al ver a adultos mayores obligados a permanecer de pie durante horas, en medio de la incertidumbre.
La molestia se alimentó también por la diferencia de precios en los mercados, donde el kilo de pollo llegó a costar hasta 35 bolivianos. Esto significa que un pollo entero puede alcanzar entre 100 y 150 bolivianos, una cifra que golpea directamente la economía de las familias y que se percibe como insostenible. En ese contexto, los reclamos se centraron en la exigencia de un precio justo y un abastecimiento inmediato, mientras los gritos de “¡Queremos pollo, ya es hora!” marcaron el tono de la protesta.
Este episodio no es aislado. Forma parte de un escenario coyuntural marcado por la crisis de abastecimiento y la especulación de precios en productos básicos. Los bloqueos, las dificultades en el transporte interprovincial e interdepartamental han derivado en una escalada de costos que afecta a La Paz y El Alto.
La intervención de EMAPA, concebida como un mecanismo de contención, busca garantizar un precio accesible y frenar la especulación, pero la falta de organización en la distribución ha generado un efecto contrario: tensión social, pérdida de confianza y reclamos ciudadanos.
La situación revela la fragilidad del sistema de abastecimiento en medio de las movilizaciones sociales y la presión económica que atraviesan los hogares paceños. El caso del pollo se convierte así en un símbolo de la urgencia de políticas más efectivas para garantizar el acceso a alimentos básicos y evitar que la población se vea obligada a soportar largas filas, desorden y precios desmedidos.
