La concejal alteña Wilma Alanoca cuestionó el manejo de la subvención al combustible, recordando el antecedente de la empresa Botrading y el exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyos responsables afirmó aún no han sido juzgados. Para Alanoca, este es un claro ejemplo del “modus operandi” que habría sido retomado por personas de confianza del actual gobierno de Rodrigo Paz.
“Si realmente hubiera intención de acabar con los sobreprecios, el gerente de (YPFB) ya debería estar destituido, al igual que el ministro de Hidrocarburos y la directora de la (ANH). En cambio, nos siguen vendiendo combustible basura con un sobreprecio de 4 millones de dólares. ¿Dónde va esa plata? ¿Quién se la embolsilla?”, cuestionó la autoridad edil.
Alanoca denunció que el combustible llega por intermediación de Paraguay a un precio mucho menor, y que empresas privadas han señalado que podría venderse en Bolivia a cinco bolivianos por litro. Sin embargo, el gobierno lo comercializa a casi siete bolivianos, lo que calificó como un “negociado escandaloso y monumental”.
La concejal lamentó que miles de choferes y ciudadanos vean dañados sus vehículos por la mala calidad del carburante, mientras el gobierno pretende resolver el problema ofreciendo talleres de reparación. “Eso no es solución. Hay que empezar de cero, con valores nuevos y verdadera honestidad”, enfatizó.
Asimismo, propuso que el Ejecutivo viabilice un nuevo Documento Base de Contratación para abrir una licitación internacional que permita acceder a la mejor oferta y garantizar combustible limpio y de calidad para la población boliviana.
“No puede ser que porque es Bolivia y porque aquí la justicia es corrupta, nos den combustible basura. El negociado que antes tenía Armin Dorgatén y compañía ha sido retomado y perfeccionado por el gobierno de Rodrigo Paz. Basta ya de lavarse las manos con historias fantasiosas: se necesitan sanciones reales contra los corruptos”, concluyó Alanoca.
