En el marco del Día de la Niña y del Niño Boliviano, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, presentó este domingo el Protocolo de Actuación en Materia Familiar, una herramienta destinada a reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de los procesos judiciales familiares en el país.
La presentación se efectuó durante el acto alusivo a la fecha, desarrollado en el Palacio de Gobierno, con la presencia del presidente Rodrigo Paz y la primera dama, María Elena Urquidi.
“Estos espacios son los que, lejos de la política, aportan a construir un mejor país. Hoy me honro en entregar este protocolo en materia familiar, en representación de la sala plena del TSJ, como una herramienta que busca unificar criterios en la defensa del interés superior de nuestros niños”, afirmó Saucedo.
El protocolo fue aprobado por sala plena del TSJ y establece lineamientos de actuación judicial en materia familiar, en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley 603 y tratados internacionales de derechos humanos. El objetivo es garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la celeridad procesal y la protección integral de las familias.
Según información institucional, el documento refuerza el rol activo de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, limita la observación de la demanda a defectos claros y subsanables y restringe la improponibilidad a casos excepcionales debidamente fundamentados.
Asimismo, dispone la concentración de actos procesales en la audiencia preliminar, que incluye conciliación, saneamiento, resolución de excepciones y fijación del objeto del proceso y de la prueba. La actividad probatoria se rige por criterios de pertinencia, legalidad, conducencia y necesidad.
El protocolo establece también que la sentencia debe dictarse en audiencia y ejecutarse de forma inmediata, además de priorizar el uso de medios telemáticos para notificaciones y actuaciones procesales.
En cuanto a los sujetos procesales, la norma garantiza un acceso a la justicia con menos formalismo, evita rechazos arbitrarios de demandas y promueve procesos más concentrados y previsibles. También otorga mayor claridad sobre plazos y efectos de los recursos, y reconoce la validez de acuerdos alcanzados en instancias administrativas, siempre que respeten el interés superior de la niñez.
El documento busca consolidar un proceso familiar más ágil, ordenado y centrado en la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
