El dirigente del transporte pesado asalariado, Pedro Quispe, denunció públicamente la importación de combustible que estaría dañando miles de vehículos en el país y exigió procesos penales contra los responsables. Según afirmó, los contratos firmados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con intermediarios serían la clave para identificar a los autores.
“Lean los contratos que tiene Yacimientos con los intermediarios. Ahí están los autores. No se equivoquen, señores. Tiene que haber presos. Por oficio, el fiscal debería prender esto. Es un atentado al país. Ya deberían estar presos”, manifestó Quispe.
El dirigente comparó la situación con la compra de un producto adulterado: “Cuando uno pide Coca-Cola, le tienen que dar Coca-Cola. No puede venir otra cosa. Toda mercadería tiene una especificación”. Aseguró que el carburante no cumplía condiciones desde el inicio y que aun así fue aceptado: “Han convencido a Yacimientos para descargar y luego dicen que van a poner aditivos para mejorar. Eso no existe”.
Cuatro millones de litros observados
Quispe cuestionó el volumen del combustible defectuoso y los plazos de solución: “Son cuatro millones de litros. ¿En cuánto tiempo van a terminar, 60 o 90 días? Mientras tanto, hay miles de autos fregados. ¿De dónde va a sacar el Estado la plata?”.
También criticó la falta de respuestas del Gobierno tras reuniones con el sector: “Hemos tenido reunión de cuatro horas y no nos han dado ninguna solución”.
Riesgo de incremento en precios
El dirigente advirtió que la crisis podría derivar en un incremento del precio del combustible y planteó la necesidad de abrir el mercado: “El privado va a traer y en una semana vamos a saber el precio. Puede llegar a 14, 15 o hasta 17 bolivianos”.
Finalmente, insistió en que existen responsabilidades claras tanto en los intermediarios como en quienes aceptaron la descarga en Yacimientos, y reiteró la exigencia de procesos penales inmediatos.
