En una conferencia de prensa, la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) anunció hoy que se ha presentado formalmente un reclamo contra el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA) por quiebre de la seguridad jurídica y trato discriminatorio contra un inversor subregional, protegido por la Decisión 291. En paralelo, la compañía ha presentado la solicitud de suspensión de la ejecución de una sentencia que pretende cobrarle coactivamente más de 744 millones de bolivianos a favor de FANCESA, hasta que el Tribunal Andino de Justicia revise el caso.
Durante la conferencia de prensa, explicaron que esta acción internacional es el último recurso presentado frente a una sucesión de irregularidades judiciales que la compañía lleva enfrentando por más de una década en el país.
Ricardo Barrientos, gerente Nacional de Administración y Finanzas de SOBOCE, contextualizó que el auténtico origen de esta controversia no es la supuesta competencia desleal, sino una deuda que el Estado mantiene con la empresa desde hace 16 años. «La demanda no fue una coincidencia. Fue armada como herramienta de presión para intentar obligarnos a negociar el monto de la expropiación. Es evidente. Y, en paralelo, esa demanda artificial fue pasando fases y acumulando irregularidades en la justicia ordinaria durante 16 años», enfatizó Barrientos.
El directivo señaló una serie de irregularidades en el debido proceso de esta demanda que se les impuso por una supuesta competencia desleal, la cual indicaron es inexistente. “Durante años, hemos visto cómo algunos de nuestros recursos legales ni siquiera eran tramitados, cómo no se nos notificaron debidamente ciertas resoluciones judiciales, impidiéndonos ejercer una defensa conforme al debido proceso, así como también se han inventado privilegios para FANCESA que no pueden existir para una Sociedad Anónima”, agregó Barrientos.
Por su parte, el abogado Hugo Gómez, ex presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y quien se desempeña como asesor internacional de SOBOCE y sus accionistas, brindó detalles del reclamo internacional, destacando que la justicia boliviana infringió el principio de trato nacional que rige en el derecho andino y omitió su obligación ineludible de solicitar una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes de emitir la condena, lo que constituye un incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario andino.
Asimismo, detalló las graves vulneraciones al Derecho Andino que sustentan el reclamo, enfocándose en los aspectos procedimentales de la medida.
«El Derecho Andino es un marco normativo fundamental que integra el bloque de constitucionalidad boliviano y garantiza que las empresas compitan en estricta igualdad de condiciones. El Auto Supremo 1190/2026 vulnera flagrantemente este derecho al otorgar a FANCESA prerrogativas exclusivas del Estado, como la imprescriptibilidad de sus créditos y la inembargabilidad de sus bienes, lo cual rompe el Trato Nacional de la Decisión 291. Por ello, la consecuencia inmediata de la presentación de este reclamo es la necesidad de suspensión de la ejecución de la cobranza para proteger la supremacía del derecho andino. A partir de ahora, corresponde aguardar el posible desarrollo del procedimiento de revisión por la Secretaría General de la CAN y, en su momento, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN)», argumentó el abogado Gómez.
Finalmente, Barrientos también advirtió sobre el impacto de estas acciones en el ecosistema empresarial del país. Asimismo, enfatizó en que continuará agotando todas las instancias nacionales e internacionales para proteger sus derechos y garantizar un proceso justo. “Un Estado que protege judicialmente de forma exclusiva a las empresas de capitales bolivianos destruye su imagen como destino de inversiones por parte de la comunidad internacional”, finalizó.
