El consultor político argentino Fernando Gabriel Cerimedo permanecerá recluido en el penal de Chonchocoro, tras confirmarse que las autoridades judiciales rechazaron su solicitud de cese a la detención preventiva, manteniéndolo en prisión mientras avanzan los múltiples procesos penales abiertos en su contra. Cerimedo está imputado, por presunta tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
El caso tomó mayor dimensión pública tras la difusión, entre septiembre y octubre de 2026, de al menos una docena de grabaciones atribuidas al asesor, en las que aparecerían conversaciones con la Primera Dama María Elena «Bibi» Urquidi, el ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora y otras altas autoridades de estado. Las conversaciones abarcan temas como designaciones de cargos, licitaciones en YPFB, operativos policiales y hasta presuntas estrategias políticas, generando un amplio debate sobre presuntas interferencias en la administración pública.
El 4 de noviembre, estas grabaciones sirvieron de base para que el abogado Guido Calcina presentara una denuncia penal contra Urquidi y Zamora, por presunto tráfico de influencias, beneficio en razón del cargo y nombramientos ilegales. Sin embargo, apenas cinco días después, la Fiscalía Departamental de La Paz desestimó la denuncia, decisión que el denunciante impugnará ante las instancias correspondientes. Mientras tanto, la autenticidad de los audios continúa siendo analizada por una comisión especial de la Fiscalía, sin que hasta la fecha existan resultados oficiales periciales.
Por otra parte, se confirmó que Nadia Beller, expareja de Cerimedo y víctima del ataque a disparos en Santa Cruz; que detonó todo el caso, obtuvo asilo político en México el pasado 11 de noviembre. Las autoridades bolivianas aclararon que esta medida de protección internacional no interrumpe ni afecta el desarrollo de los procesos penales en curso dentro del país, y que Cerimedo seguirá cumpliendo su detención preventiva por el plazo inicialmente establecido de 180 días.
El escándalo ha marcado las primeras semanas de gestión del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, planteando interrogantes sobre el alcance y las funciones del asesor extranjero sin cargo oficial. Las próximas semanas serán determinantes, tanto con la conclusión de las pericias sobre las grabaciones como con la resolución que recaiga sobre la impugnación presentada contra la decisión de archivar la denuncia contra las dos altas autoridades del Ejecutivo.
El Juzgado Sexto de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Fernando Cerimedo, por lo que el asesor político argentino deberá permanecer en el penal de Chonchocoro, donde cumple detención por el proceso de presunta legitimación de ganancias ilícitas.
Durante la audiencia, el juez señaló que la defensa no logró desvirtuar los riesgos procesales relacionados con la falta de arraigo natural y la posibilidad de obstaculizar las investigaciones. Explicó que aún existen actos investigativos pendientes y la posibilidad de influencia sobre testigos o partícipes del caso. La autoridad judicial determinó mantener vigente la medida cautelar mientras no se cumplan las exigencias técnicas observadas y recordó que la defensa tiene derecho a recurrir la decisión si considera que fue perjudicada.
A su vez Cerimedo reclamó por falta de internet en Chonchocoro: «Cualquier traslado me pone a mí en riesgo»
Durante su intervención ante el juez, también advirtió que los traslados para comparecer presencialmente podrían poner en riesgo su seguridad y la de los policías encargados de su custodia.
Cerimedo señaló que no solamente se suspendieron tres audiencias dentro del proceso por presunta legitimación de ganancias ilícitas, sino también una audiencia en Santa Cruz, por los mismos problemas de conexión.
«No solamente está afectando mi derecho a la defensa, sino también el de otros privados de libertad. Hace diez días que estamos con ese problema», manifestó.
En ese sentido, pidió que se garantice el acceso a internet en el recinto penitenciario y solicitó que se permita instalar una antena Starlink, para contar con conexión permanente en la sala de audiencias.
«Para futuras audiencias, solicito al Ministerio de Gobierno, al responsable del servicio penitenciario, que haga todo lo posible para que haya internet o dejen de cortar internet justo los días que nosotros tenemos audiencias fijadas», expresó.

