El representante de la mesa directiva del Centro de Hemodiálisis de la zona Sur, de La Paz, Daniel Layme, expresó su preocupación por las recientes notificaciones emitidas tras inspecciones realizadas en distintos centros de diálisis del país. Si bien los pacientes apoyan el plan de austeridad del Gobierno y las inspecciones para mejorar la atención, denuncian que pese a haber subsanado las observaciones, se les comunicó que serían removidos de sus centros, lo que califican como una medida contraproducente.
Layme advirtió que la tasa de crecimiento de enfermos renales oscila entre el 6 y el 12% anual, lo que significa que entre 350 y 600 nuevos pacientes ingresan cada año al programa de diálisis. “La solución no es cerrar los centros, sino habilitar más espacios y apostar por los trasplantes renales. Si se quiere ahorrar al Estado, deben realizarse entre 800 y 1,000 trasplantes anuales”, afirmó.
El dirigente alertó que el cierre de centros privados y su reubicación forzada saturará aún más a los hospitales públicos, donde la atención ya es deficiente. “Reorganizar a los pacientes es muy difícil. Nosotros solo tenemos tres días a la semana para trabajar, y cambiar horarios o lugares nos complica laboral y familiarmente”, explicó. Además, denunció que el Centro de Hemodiálisis arrastra una deuda de seis meses, ya que desde noviembre no se han desembolsado los pagos correspondientes. Cada sesión de diálisis cuesta más de 700 bolivianos por paciente, lo que representa 9,000 bolivianos mensuales y un presupuesto anual de 432 millones de bolivianos destinado a cubrir la atención. “Imagínese tener que cubrir insumos médicos y salarios sin recibir pagos. Agradecemos a los centros y médicos que siguen atendiéndonos pese a esta deuda”, señaló, destacando el esfuerzo de los galenos.
Layme informó que los pacientes fueron convocados a una reunión con la Ministra de Salud para firmar un convenio que garantice la inamovilidad de los pacientes y el cumplimiento de los pagos. “Queremos que quede por escrito, porque en nuestro país las palabras se las lleva el viento”, subrayó.
Respecto a los bloqueos, el representante recordó que muchos pacientes deben trasladarse desde zonas alejadas como Valencia o Cota Cota hasta Obrajes, lo que se vuelve imposible en medio de las restricciones. “Si un paciente no recibe dos sesiones, puede terminar en terapia intensiva. Somos personas en etapa terminal, y extender el tratamiento más de un día de por medio es antihumano”, enfatizó.
Finalmente, reiteró que los pacientes no se oponen a las inspecciones, pero exigieron que una vez subsanadas las observaciones se respete la permanencia en sus centros. “Cerrar centros no es la solución, lo único que pedimos es inamovilidad y pagos oportunos”, concluyó.
