El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, Juan Carlos Mamani Laruta, expresó su rechazo a las recientes medidas del Gobierno Nacional en torno al programa PREMER-DOC (Premio al Mérito Docente) y al examen de ascenso de categoría, señalando que ambas disposiciones afectan directamente a los docentes y reflejan una gestión “unilateral y arbitraria”.
Mamani recordó que el PREMER-DOC es un beneficio histórico que garantiza la devolución de aportes a los maestros jubilados, pero que fue anulado mediante decreto supremo sin consulta previa.
“El gobierno ha tomado una decisión unilateral y arbitraria. Vamos a exigir una audiencia con el Ministerio de Educación para discutir este tema y defender los derechos de nuestros compañeros jubilados”, afirmó.
En relación al examen de ascenso de categoría, el dirigente denunció irregularidades en la formulación de las preguntas y respuestas oficiales, lo que genera confusión y perjudica a los maestros que buscan mejorar su nivel profesional.
“Las respuestas son ambiguas y contradictorias. El mismo Ministerio formula las preguntas y responde de manera equivocada. Esto demuestra una mala gestión y una intención de defenestrar el examen de ascenso”, sostuvo.
El dirigente enfatizó que la crisis educativa no puede atribuirse únicamente a los maestros, pues involucra a todo el sistema: autoridades nacionales, departamentales, distritales, directores, estudiantes y padres de familia. “El Gobierno pretende lavarse las manos responsabilizando solo a los maestros, cuando somos parte de un conjunto de actores educativos”, remarcó.
Finalmente, cuestionó la política de creación de ítems con 32 horas de trabajo, que en regiones como Ixiamas apenas alcanzan un salario de 1.300 a 1.400 bolivianos. Comparó esta cifra con los ingresos de otros profesionales, como ingenieros industriales que ganan hasta 12.000 bolivianos mensuales, y advirtió que con esos sueldos ningún profesional aceptará cubrir esas plazas.
“Es aventurarse de parte del Ministerio de Educación. Con esos salarios, ningún profesional querrá ir a trabajar en esas condiciones”, concluyó.
El pronunciamiento del sector refleja la creciente tensión entre el magisterio rural y el Gobierno, en medio de demandas por cambios estructurales en la educación y la exigencia de un diálogo real que atienda las necesidades de los maestros.
