Mediante su cuenta en redes sociales el expresidente Evo Morales cuestionó al presidente Rodrigo Paz y a su gabinete por presuntas irregularidades en la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), exige investigaciones inmediatas sobre la empresa argentina Camin Cargo Control Argentina S.A. y sobre denuncias de un supuesto sobreprecio de aproximadamente cuatro millones de dólares en la compra de petróleo crudo a la empresa Trafigura.
Morales sostuvo que el discurso gubernamental contra la corrupción no se estaría traduciendo en acciones concretas frente a hechos que, a su criterio, comprometen seriamente a la actual administración. En ese marco, demandó que la denominada Comisión de la Verdad de YPFB investigue presuntos actos de daño económico al Estado ocurridos en los primeros meses del gobierno de Rodrigo Paz, los cuales calificó como escandalosos por su magnitud y rapidez.
El exmandatario señaló que, si el Gobierno pretende demostrar que no encubre ni protege intereses de aliados políticos o económicos, debe esclarecer el rol de Camin Cargo Control Argentina S.A., empresa que fue contratada para el control de calidad del combustible importado y que, pese a haber recibido cerca de un millón de dólares por sus servicios, no habría advertido la deficiente calidad de la gasolina que —según denuncias— ocasionó daños a miles de vehículos en el país.
Asimismo, Morales exigió que se investiguen las denuncias de sobreprecio en la compra de petróleo crudo a Trafigura, estimadas en alrededor de cuatro millones de dólares, y que se establezcan responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso de confirmarse irregularidades.
En relación con la comercialización de combustible de mala calidad, el expresidente afirmó que este hecho no puede quedar en la impunidad y demandó la destitución y el enjuiciamiento de autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Además, subrayó la necesidad de garantizar un resarcimiento efectivo y oportuno a las personas afectadas, sin dilaciones ni procedimientos burocráticos.
Finalmente, Morales calificó como preocupante el silencio del presidente, de sus ministros y de las autoridades judiciales frente a estas denuncias, planteando interrogantes sobre una posible complicidad o encubrimiento entre actores del poder político y administrativo.
