La diputada de Alianza Unidad, Julieta Jiménez, lanzó un duro pronunciamiento contra los bloqueos que paralizaron el departamento de La Paz durante 53 días, calificándolos como una “barbaridad” que dejó heridas profundas en la población paceña.
En declaraciones a la prensa, Jiménez sostuvo que los bloqueos no solo afectaron la alimentación y la salud, sino también la educación de los niños: “Nuestros hijos son nuestro futuro, y han sido los más lastimados. Han comido a media ración, han quedado sin clases. Han humillado a nuestra gente y basta”, enfatizó.
Ley anti-bloqueos y referéndum
La legisladora anunció su respaldo a la ley anti-bloqueos, pese a la resistencia de sectores sociales y el rechazo inicial del Ejecutivo. Aseguró que impulsará un referéndum nacional para que la ciudadanía decida: “El 94% de la población está en contra de los bloqueos. Si quieren seguir viendo a Bolivia atrasada, que lo digan en las urnas. Pero en el Parlamento debemos ser conscientes de que esta ley tiene que salir sí o sí”.
Jiménez exhortó a la Asamblea Legislativa a tratar el proyecto con urgencia la próxima semana, aunque reconoció que un referéndum implica altos costos económicos en un contexto de crisis y escasez. Propuso que el Tribunal Supremo Electoral explore mecanismos alternativos menos onerosos para viabilizar la consulta.
Crisis del combustible y mercado negro
La diputada también denunció la proliferación del mercado negro de gasolina y diésel, donde se revende el litro a precios de hasta 30 bolivianos: “He visto cómo cargan full los autos, luego sacan con mangueras y revenden en bidones. Eso no puede seguir. Debe prohibirse la venta en bidones y controlarse cada placa en las estaciones de servicio”.
Pidió al Gobierno implementar controles estrictos en surtidores, verificando el consumo por vehículo y evitando que algunos usuarios carguen combustible de manera reiterada para revenderlo. “Estamos saliendo de una crisis profunda, necesitamos ayudarnos entre todos los bolivianos”, remarcó.
Las declaraciones de Jiménez se producen en medio de un clima de tensión social tras casi dos meses de bloqueos que provocaron pérdidas millonarias, desabastecimiento de alimentos y medicamentos, y un incremento del malestar ciudadano. La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene su pliego petitorio, mientras el Gobierno insiste en el diálogo y rechaza la aprobación de la ley anti-bloqueos.
La propuesta de un referéndum abre un nuevo frente de debate político, que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Parlamento, los movimientos sociales y el Ejecutivo.
