El Gobierno boliviano decidió poner fin al convenio de cooperación militar con Irán, cerrando un capítulo de casi 20 años de relación bilateral que se consolidó durante las gestiones del MAS. La decisión fue confirmada por el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, quien precisó que el acuerdo quedó sin efecto hace aproximadamente cuatro meses.
Según la autoridad, el convenio fue denunciado formalmente y ya no tiene vigencia jurídica, descartando además la existencia de procesos pendientes. Con esto, Bolivia da un paso firme en la redefinición de su política exterior bajo la administración del presidente Rodrigo Paz.
La ruptura responde a una revisión integral de las relaciones internacionales del país, anunciada previamente por Cancillería, en medio de un escenario global marcado por conflictos en Medio Oriente y crecientes tensiones geopolíticas que han puesto bajo la lupa los vínculos con Irán.
El acercamiento entre ambos países comenzó en 2007 con acuerdos en sectores estratégicos como energía, industria y agricultura, y se profundizó con el tiempo hacia la cooperación en defensa, incluyendo temas de seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico y provisión de equipamiento militar.
No obstante, la relación estuvo acompañada de controversias. Uno de los episodios más sensibles ocurrió en 2011, cuando la visita de una autoridad iraní requerida por Interpol generó un conflicto diplomático con Argentina. A esto se sumaron cuestionamientos recientes sobre acuerdos firmados en 2023, observados por su falta de transparencia y posibles implicaciones regionales.
Además, informes y declaraciones internacionales advirtieron sobre la presencia e influencia de Irán en la región, vinculándola a posibles redes de financiamiento y cooperación con organizaciones consideradas riesgosas, lo que incrementó la preocupación en países vecinos.
En paralelo, investigaciones periodísticas también revelaron episodios como el paso por Bolivia de una aeronave vinculada a estructuras iraníes sancionadas, lo que reforzó el debate sobre los alcances de esa relación bilateral.
Con este giro, el Gobierno busca marcar distancia de alianzas cuestionadas, reducir riesgos geopolíticos y reposicionar a Bolivia en el escenario internacional con una política exterior más cautelosa, transparente y alineada a nuevos intereses estratégicos.
