El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que un operativo extraordinario de verificación de personal permitió identificar, de manera preliminar, 163 presuntos ítems fantasmas, situación que habría ocasionado una pérdida superior a 20 millones de bolivianos durante los últimos tres años.
La autoridad explicó que los resultados forman parte de una investigación que continúa desarrollándose y que el número podría incrementarse conforme avance la validación de la información recopilada en distintas dependencias municipales.
«En este momento ya hay 163 personas que no marcaron, que no se acercaron a marcar, ni que tampoco firmaron. ¿Qué significa eso? Que hay 163 presuntos ítems fantasmas, que puede ir incrementándose de aquí en adelante”, manifestó en conferencia de prensa.
El operativo permitió revisar inicialmente 850 casos, de los cuales 163 corresponden a personas que no registraron asistencia ni pudieron ser verificadas físicamente en sus lugares de trabajo, motivo por el cual serán sometidas a un proceso de investigación individual. Según las estimaciones preliminares, estos contratos representarían alrededor de 600.000 bolivianos mensuales en salarios cuyo destino deberá ser esclarecido mediante las auditorías correspondientes.
El Alcalde recordó que al inicio de la actual administración existían aproximadamente 6.040 funcionarios registrados, mientras que actualmente el municipio cuenta con 5.626 servidores públicos distribuidos en sus diferentes reparticiones. Dockweiler remarcó que el impacto económico de estos presuntos hechos trasciende las cifras y afecta directamente la capacidad del municipio para atender las necesidades de la población.
Explicó que los más de 20 millones de bolivianos estimados equivalen al equipamiento completo del Hospital Municipal San Antonio o a aproximadamente seis meses de funcionamiento del servicio de transporte Puma Katari, además de representar varias veces el presupuesto anual destinado a la Biblioteca Municipal. «Ni un solo centavo de los paceños puede terminar en bolsillos de personas que no trabajan para la ciudad. Nuestro deber es proteger cada recurso porque pertenece a la población», enfatizó.
Auditorías y procesos legales
Como primera medida, los 163 casos identificados serán remitidos a la Unidad de Auditoría Interna para la apertura de investigaciones individuales que permitan establecer responsabilidades administrativas y penales.
En caso de comprobarse la existencia de ítems fantasmas, el Gobierno Autónomo Municipal iniciará procesos contra las personas que hubieran cobrado esos salarios, las unidades que solicitaron las contrataciones, los responsables del control de asistencia y las autoridades de Recursos Humanos que omitieron los controles correspondientes.
La autoridad señaló que incluso exresponsables de Recursos Humanos deberán brindar las explicaciones necesarias respecto a los procedimientos aplicados durante las anteriores gestiones. Como parte de una política integral de transparencia, la autoridad edil anunció que durante julio se realizarán dos nuevos operativos sorpresa en los 145 puntos donde se controla la asistencia del personal municipal.
Asimismo, en agosto se ejecutará un censo general de funcionarios mediante un nuevo registro biométrico que permitirá actualizar completamente la base de datos institucional.
«Todo será absolutamente transparente. La ciudad sabrá cuántos funcionarios realmente trabajan en el Gobierno Municipal», aseguró.
Paralelamente, desde el 1 de julio se modificará el sistema de control de asistencia con el retorno al horario discontinuo y mayores verificaciones durante la jornada laboral, buscando fortalecer la presencia efectiva del personal y mejorar la atención a los vecinos.
El burgomaestre aseguró que estas acciones forman parte del compromiso de recuperar la confianza ciudadana y administrar con responsabilidad los recursos municipales en un contexto económico complejo.
Recordó que los ingresos del Gobierno Autónomo Municipal han disminuido en los últimos años, pasando de cerca de 2.000 millones a aproximadamente 1.700 millones de bolivianos, razón por la cual consideró indispensable fortalecer los mecanismos de control interno.
