Tras una jornada de negociaciones realizadas el pasado viernes, el conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales autónomas, por el decreto que señalaba un límite de gastos del presupuesto de las alcaldías hasta un 20%, llegó a su fin. El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que el Ejecutivo decidió retroceder en la aplicación del decreto que planteaba limitaciones para la ejecución de municipios y gobernaciones a solo un 20% de su presupuesto anual.
La controversia se originó cuando el Ministerio de Economía estableció un «techo presupuestario temporal», argumentando que las entidades debían esperar a que la Asamblea Legislativa aprobara el presupuesto reformulado en febrero. Sin embargo, para los gobiernos locales, esto representaba un recorte de facto del 80% de sus recursos operativos.
Arias calificó la medida como un «boquete innecesario» y denunció que el decreto incluso pretendía congelar los recursos propios generados por los ciudadanos.
«De cada 100 bolivianos que recibe la Alcaldía de La Paz, 60 son generados por los paceños, hasta eso nos estaban cortando», señaló el burgomaestre, destacando la alta eficiencia tributaria de la sede de Gobierno.
Tras una reunión con el Ministro de Economía, se acordó la anulación de la disposición restrictiva. Los puntos clave del consenso incluyen:
Sostenibilidad financiera: los municipios se comprometen a gastar bajo las normas vigentes (ej. no exceder el 25% en gastos de personal).
Prioridad en áreas críticas: se garantiza la fluidez de recursos para salud, educación y gestión de riesgos.
Atención de emergencias: ante el inicio de la temporada de lluvias en La Paz, la disponibilidad inmediata de fondos es crucial para el despliegue de maquinaria y personal.
«Se ha llegado a crear un consenso, fue innecesario ese decreto porque iba más allá de las leyes, pero al final se anuló y se evitó abrir un nuevo frente de conflicto para el Gobierno», afirmó Arias.
A pesar del retroceso en el decreto, la advertencia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sobre un presupuesto menor para este año sigue vigente. Esto obligará a las gobernaciones y alcaldías a tomar sus previsiones en un año que se perfila económicamente complejo para el país.
