Yamil García, indicó que se reveló una red de corrupción familiar, entre altos exfuncionarios y empresarios constructores. Afirmó que una primera denuncia, por el sobreprecio con el que se compró el terreno y luego se construyó el edificio de la Aduana Nacional en Tarija
así también se revelo una red de corrupción familiar, entre altos exfuncionarios y empresarios constructores.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó que una primera denuncia, por el sobreprecio con el que se compró el terreno y luego se construyó el edificio de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en Tarija, reveló también una red de corrupción familiar, entre altos exfuncionarios de esa entidad, con empresarios constructores.
Se compró un terreno y se realizaron construcciones con sobreprecio, se estima un daño económico al Estado de Bs 10 millones.
“Como Viceministerio de Transparencia estamos recibiendo mucha información adicional que revelaría conexiones entre altas autoridades de la Aduana, de la anterior gestión, con (representantes de las) empresas privadas, incluso con vínculos de parentesco y familiares. La información que estamos recibiendo la estamos procesando, sistematizando, y con seguridad se ampliará la investigación en el curso de los siguientes días”, afirmó Yamil García.
La fiscalía admitió la denuncia que se presentó contra la expresidenta de la Aduana,Karina Serrudo,por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La revelación la hizo luego de confirmar que la Fiscalía admitió la denuncia que se presentó contra la expresidenta de la Aduana, Karina Serrudo, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Además, también fueron denunciadas otras dos personas, representantes de la Sociedad Accidental Guadalquivir y de la empresa que vendió un terreno en la ciudad de Tarija.
Las investigaciones revelan que se lanzaron tres licitaciones y las dos primeras quedaron anuladas y la tercera se adjudicó el contrato a un postulante que ofertaba un terreno a Bs. 2.760.000 con la explicación del viceministro, el hecho delictivo inicio en febrero de 2017, cuando se licitó “con la compra de un terreno para la construcción de un recinto Aduana en Tarija.
Según García, luego de hacer una comparación de mercado, se estableció que el metro cuadrado de construcción en esa zona costaba $us 300, pero la empresa cobró $us 1.000.
La autoridad remarcó que, si bien la denuncia se presentó contra Serrudo y otras dos personas, la investigación se ampliará a quienes fueron parte de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación y los funcionarios del área legal y de supervisión, que estaban a cargo de transparentar este proceso de licitación y construcción de dichas oficinas.
