La senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana María Crispin, manifestó su respaldo al proyecto de ley de arraigo para ex autoridades, aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente en revisión en el Senado. La normativa busca extender por tres meses la permanencia obligatoria en el país de quienes ejercieron funciones públicas, con el objetivo de garantizar la entrega de informes técnicos y responsabilidades pendientes.
Crispin señaló que existe una falta de información documentada de diferentes instancias estatales, lo que impide un adecuado proceso de fiscalización. “A la fecha hemos solicitado más de 140 informes, los cuales no han sido respondidos. Desconocemos en qué situación se encuentran los ministerios y quiénes son los responsables de los daños económicos generados”, afirmó.
La legisladora advirtió que varias ex autoridades no han entregado completamente la documentación a las nuevas autoridades que asumieron hace tres meses, situación que constituye una de las causales para impulsar la normativa. “Nosotros somos quienes fiscalizamos, pero no podemos hacerlo sin la información correspondiente. Por ello, es necesario que las ex autoridades permanezcan en el país hasta que se esclarezcan las responsabilidades”, agregó.
El Senado deberá ahora definir si dará prioridad a este proyecto, tal como lo hizo la Cámara de Diputados, en aras de garantizar transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
