La senadora Ana María Crispín lanzó duras críticas al manejo económico del Gobierno, señalando que la reducción de ministerios de 17 a 15 no ha significado un verdadero ejercicio de austeridad, ya que el presupuesto estatal continúa elevado y persisten gastos superfluos como los viajes en vuelos chárter. “Cuando hablamos de austeridad no podemos estar gastando en diferentes rubros que se pueden anular, pero se los sigue haciendo”, afirmó.
Observaciones al Presupuesto General del Estado
Crispín advirtió que el Presupuesto General del Estado (PGE) no contempla adecuadamente el impacto del dólar flexible, lo que afecta directamente el pago de la deuda externa. Según la legisladora, esta omisión constituye una “cortina de humo” que oculta la falta de planificación en el Ministerio de Economía. “Estamos amarrando a nuestros hijos y nietos a una deuda sin haber nacido”, expresó, subrayando la gravedad del endeudamiento acumulado.
Inflación y pérdida de valor de la moneda
La senadora alertó que la política cambiaria está generando un efecto dominó en los precios de productos importados, lo que deriva en inflación y pérdida de valor de la moneda nacional. Empresas que dependen de materia prima externa actualizan sus precios semana tras semana, trasladando el incremento al consumidor final. “No tenemos idea de qué va a pasar mañana, porque todo está improvisado”, cuestionó.
Caso gasolina y responsabilidades pendientes
Respecto a la crisis de los combustibles, Crispín señaló que la detención del exministro de Economía no basta para esclarecer el problema, ya que existen otros responsables en YPFB Logística y Comercialización. Recordó que desde gestiones anteriores existen denuncias sin resolución y pidió a la Fiscalía y al Órgano Judicial dar celeridad a los procesos. “Todos estamos pagando los platos rotos de los errores que está cometiendo el Ministerio de Economía”, enfatizó.
Las declaraciones de Crispín se producen en un contexto de crisis energética y financiera que golpea al transporte interdepartamental, a los sectores productivos y a la ciudadanía en general. La escasez de diésel, el encarecimiento de insumos importados y la incertidumbre cambiaria han generado protestas de gremiales, transportistas y empresarios, quienes demandan medidas claras y un plan de contingencia. Paralelamente, la inflación acumulada presiona el bolsillo de las familias bolivianas, mientras el debate legislativo sobre el PGE se intensifica en el Senado.
