José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, presentó un informe detallado sobre el estado de las empresas públicas y plantas industriales creadas en los últimos 20 años, exponiendo las pérdidas económicas y anunciando medidas de control, auditoría e investigación.
El ministro explicó que entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas públicas con una inversión de 53.945 millones de bolivianos (7.750 millones de dólares), de los cuales solo se ha recuperado el 18%. “El resto, 6 mil millones de dólares, son todavía recursos que seguramente no podrán ser recuperados”, señaló.
De estos desembolsos, el 28% se destinó a 14 empresas inviables, cuatro de ellas ya cerradas y cinco en quiebra técnica, representando un daño de 2.205 millones de dólares. Lupo aclaró que actualmente solo tres empresas públicas generan utilidades: YPFB, ENDE y Comibol. “El 95% de los ingresos de las empresas públicas se generan en estas 3 empresas de las 67 que existen”, afirmó.
El ministro también denunció la existencia de empresas “zombies” con patrimonios negativos, que requieren 697 millones de bolivianos solo para cerrarlas, aunque ya se invirtieron 1.294 millones de dólares en ellas. Además, advirtió que se había planificado la creación de nuevas empresas con un costo total de 1.100 millones de dólares, de los cuales solo se ejecutaron 91,5 millones.
En cuanto a las plantas industriales planificadas, Lupo señaló que de 174 plantas previstas por un total de 3.164 millones de dólares, solo 40 fueron entregadas, 19 están en funcionamiento y 41 se encuentran en situación crítica, con un gasto enviable de 1.132 millones. Estas plantas incluían biocombustibles, agroinsumos, farmacéuticas, minería, química básica y alimentos.
El costo total del daño directo al Estado por empresas públicas y plantas industriales asciende a 2.595 millones de dólares, lo que equivaldría, según Lupo, a 30 hospitales de cuarto nivel, 4.000 a 5.000 km de carreteras productivas o 700 a 900 megaunidades educativas nuevas.
Respecto a los próximos pasos, el ministro explicó que se cerrará el grifo a nuevas inversiones, se auditará cada centavo, se reestructurarán las empresas y se realizará una investigación técnica y financiera rigurosa. “No podemos seguir financiando la ineficiencia con el ahorro de los bolivianos”, señaló.
Durante la rueda de prensa, Lupo respondió a preguntas sobre los plazos y la responsabilidad de funcionarios públicos: “Los plazos son inmediatos… la comisión puede ampliarse e incluir notables, sociedad civil, medios y parlamentarios si fuera necesario”, indicó, confirmando la creación de una instancia paralela para investigar el desfalco a las reservas internacionales.
