Mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, el Gobierno dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo de hasta 180 días.
La medida busca atender las deficiencias detectadas en la importación, distribución y logística de carburantes, además de establecer mecanismos extraordinarios de control, supervisión y transparencia.
La norma aclara que la intervención no implica la supresión de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o estructura.
La comisión interventora estará integrada por representantes de distintos ministerios y del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública.
