Las autoridades departamentales se declararon en estado de alerta y dieron plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre para responder a las demandas que estuvieron marcadas por el fin de la subvención al diésel y la redistribución del 50-50.
“Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta, exigimos a nivel central del Estado el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos citados del presente documento hasta el 31 de octubre del 2026”, indicó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien fue el encargado de leer las conclusiones de la reunión.
Las autoridades reiteraron su pedido de que, con el Presupuesto General del Estado de 2027, se inicie la coparticipación tributaria para los gobiernos autónomos departamentales, sin que esto afecte los ingresos de las universidades públicas ni de los gobiernos municipales.
“Necesitamos que el 50-50 sea una realidad desde el 2027 como lo firmamos el 5 de agosto en la Casa de la Libertad en el departamento de Chuquisaca”, señaló Velasco en conferencia de prensa.
Los gobernadores también indicaron que debido a que los presupuestos de la gestión 2026 se formularon con un precio de diésel de 6,73 el litro, y que el decreto supremo 5716 posteriormente fijó un precio internacional (generando un gasto mayor no previsto), exigen mecanismos compensatorios, modificaciones presupuestarias.
