El diputado de Unidad, Carlos Alarcón, denunció que persiste la desinformación y falta de transparencia del Gobierno y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respecto a la compra de la denominada “gasolina basura”. Según el legislador, el propio ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reconoció públicamente que se está renegociando el contrato con la misma empresa proveedora, con el objetivo de mejorar la calidad del combustible. Sin embargo, no se ha aclarado si dicho contrato fue firmado durante la gestión de Luis Arce o en la de Rodrigo Paz.
Alarcón cuestionó que, pese a las irregularidades, no se haya rescindido el contrato para buscar un proveedor que garantice un producto de mejor calidad. “Se sigue negociando con la misma empresa, cuando lo que corresponde es cortar de raíz este acuerdo y proteger a los ciudadanos de un combustible dañino”, enfatizó.
El diputado agregó que, si el contrato se firmó en la actual gestión, deben identificarse responsables, ya que según reportes de algunos medios de comunicación YPFB Logística habría desembolsado 20 millones de dólares para cubrir daños y perjuicios ocasionados por la mala gasolina. “Ese costo lo van a pagar todos los ciudadanos con plata del Estado y del pueblo boliviano”, advirtió.
La denuncia abre un nuevo frente de debate sobre la responsabilidad institucional y la transparencia en la gestión de contratos energéticos, en un contexto donde la calidad del combustible afecta directamente a la economía, al parque automotor y a la confianza ciudadana en las empresas estatales.
