En medio de la crisis social que asfixió a La Paz durante 50 días, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno está dispuesto a encarar un proceso de diálogo, pero bajo condiciones claras: no habrá negociación sobre temas antidemocráticos ni se otorgará impunidad a quienes hayan cometido delitos. Esto en referencia al pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) cuyo primer punto exige la liberación de los detenidos durante las movilizaciones.
“El diálogo no puede estar reñido con la democracia ni con la ley”, sostuvo Lupo, al remarcar que la renuncia del presidente nunca fue una posibilidad, pues esa demanda contradecía el mandato popular surgido de las urnas.
El ministro subrayó que cada caso de detención será analizado individualmente, respetando la independencia de poderes. “Algunos podrán ser liberados, pero otros ya tienen medidas cautelares y deberán responder ante la justicia”, puntualizó.
Asimismo, responsabilizó a los actores de los bloqueos por los daños ocasionados: policías heridos, destrucción de bienes públicos y privados, obstaculización de ambulancias y fallecimientos. “Estos hechos no pueden repetirse en Bolivia”, advirtió.
Lupo recalcó que el Gobierno, elegido democráticamente, tiene la potestad de gobernar y emitir normas, decretos y políticas públicas. “No habrá cogobierno con ninguna organización. Si la COB u otra entidad quiere normar, debe someterse a elecciones y ganar con un plan de trabajo”, enfatizó.
Finalmente, aseguró que el Ejecutivo está abierto a discutir y socializar leyes con las organizaciones sociales, siempre dentro del marco constitucional. “Será un diálogo responsable, que pacifique el país, pero que también establezca responsabilidades”, concluyó.
