La Central Obrera Regional (COR) de El Alto anunció oficialmente que se encuentra en estado de emergencia, convocando a todas sus organizaciones sociales a sumarse a las medidas de presión en defensa de los intereses del pueblo boliviano.
El secretario ejecutivo de la COR, Marcelo Mayta, afirmó que la crisis actual se ha profundizado por la falta de respuestas del Gobierno Nacional y por la actuación del ministro de Trabajo, a quien responsabilizó de haber generado conflictos con sectores fabriles, magisterio y otras organizaciones sociales. “No es renuncia parcial, exigimos soluciones inmediatas. Caso contrario, vamos a tener que exigir la renuncia total de todos los ministros incapaces de solucionar la problemática”, declaró.
Mayta enfatizó que la COR, como ente matriz de los trabajadores en El Alto, ha escuchado a sus bases sociales y ha constatado que distintos sectores entre ellos transportistas, FEJUVES y gremiales, se han unido a la lucha social. “La COR del Alto siempre da lineamiento dentro de la ciudad, y hoy nos sumamos también a la lucha social de todo el pueblo boliviano para que este gobierno solucione de manera inmediata los problemas”, señaló.
Entre los puntos más relevantes de su pronunciamiento, Mayta destacó:
– La exigencia de convocatoria inmediata a todos los sectores en conflicto.
– La necesidad de una verdadera reactivación productiva a partir de las empresas estatales, rechazando cualquier intento de privatización.
– La defensa de la sede de gobierno en La Paz, frente a propuestas de traslado.
– La denuncia contra el ministro de Trabajo por ser responsable de la crisis con fabriles, magisterio y otros sectores.
El dirigente recordó las luchas históricas de 2003 y 2019, advirtiendo que no se permitirá ningún intento de desmantelar al departamento de La Paz ni de trasladar instituciones como el Tribunal Electoral. “La sede no se mueve. La sede no se mueve. La sede no se mueve”, reiteró con firmeza.
Finalmente, Mayta subrayó que las medidas de presión incluirán marchas y bloqueos, bajo la advertencia de que la crisis podría agravarse si el Gobierno no atiende las demandas en el plazo establecido.
