El ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Roger Romero, rechazó de manera categórica los cobros establecidos para la acreditación de periodistas en el Carnaval de Oruro 2026, calificando la medida como un atentado contra la libertad de expresión, la ley de imprenta y el derecho a la información de la ciudadanía.
Romero denuncio las tarifas anunciadas por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro que oscilan entre 20 bolivianos para periodistas locales, 80 para comunicadores del interior del país y 100 bolivianos para corresponsales internacionales. Según Romero, esta disposición constituye un acto de mercantilización de la cobertura informativa, que discrimina a los trabajadores de la prensa y vulnera principios básicos de la profesión. “Estamos en contra de la intimidación y amenaza que pretende obligar a una acreditación pagada. Nadie puede mercantilizar el acceso a la información”, enfatizó Romero.
La Confederación, junto a varias instituciones, emitió un pronunciamiento oficial y envió una carta al Comandante General de la Policía Boliviana, solicitando garantías para el ejercicio libre del trabajo periodístico en todas las actividades del Carnaval, incluyendo el convite, el festival de bandas y la entrada central.
Romero recordó que en otras instancias oficiales como la Cancillería o Palacio de Gobierno, nunca se ha cobrado por acreditaciones, y reiteró que la cobertura periodística debe realizarse únicamente con la presentación de credenciales de prensa emitidas por los medios o sindicatos correspondientes.
Finalmente, advirtió que la imposición de cobros podría derivar en procesos civiles y penales por abuso de confianza, robo o hurto, y llamó a las autoridades nacionales, incluido el Ministerio de Culturas, a garantizar que el periodismo pueda cumplir su labor sin restricciones económicas.
