Seguridad

Involucra a dirigentes de ADEPCOCA
El Ministro de Gobierno Carlos Romero, afirmó que el testimonio de Artemio Surco Mamani, autor material de la muerte de Eduardo Apaza, quien en declaraciones luego que fuera detenido relacionó con el crimen a Sergio Pampa y Edgar Bautista, dirigentes de Adepcoca.
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La Fiscalia Departamental de La Paz informó este domingo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva de Artemio S.M. por, presuntamente, disparar con un arma de fuego al secretario de Hacienda de Segundo Bolívar, Eduardo A.A. la madrugada del 13 de junio en el municipio de La Asunta - La Paz.

El Ministro de Gobierno Carlos Romero, afirmó que el testimonio de Artemio Surco Mamani, autor material de la muerte de Eduardo Apaza, quien en declaraciones luego que fuera detenido relacionó con el crimen a Sergio Pampa y Edgar Bautista, dirigentes de Adepcoca.

La Fiscal asignada al caso, Jeanneth Usnayo, explicó que el sindicado fue encontrado en flagrancia intentando darse a la fuga en el vehículo de propiedad de la víctima. Agregó que ante el hecho fue aprehendido por los comunarios del lugar para luego ser remitido a las autoridades competentes.

Usnayo, dijo  que el sindicado fue imputado por el delito de Asesinato, en base a los elementos de convicción y pruebas que hacen presumir la autoría del ahora detenido.

El Ministerio Público expuso los riesgos procesales en la audiencia de medidas cautelares que hacen presumir que el sujeto no se someterá a la investigación, por lo que la autoridad del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la Asunta, valoró las pruebas y determinó la detención preventiva a cumplirse en el penal de Chonchocoro.

Caso “mochilas I”
"La contratación para las mochilas escolares en Cochabamba llevada adelante en total inobservancia de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios contenido del Decreto Supremo Nº 181”.
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El Fiscal Superior, Erick Gonzalo Aparicio, aclaró hoy que la lectura que hace la defensa del Alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes Justiniano, investigado por el caso “mochilas 1”, respecto al dictamen pericial elaborado por los peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), no es evidente, se trata de una mala interpretación del contenido, más al contrario se identificaron varias irregularidades que generan responsabilidad al Alcalde suspendido en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

“En una cabal y completa lectura del contenido del dictamen se puede establecer que los peritos en los diferentes puntos de pericia han ido estableciendo la existencia de una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso de contratación, concluyendo de manera expresa que se trata de un proceso de contratación para las mochilas escolares en Cochabamba llevada adelante en total inobservancia de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios contenido del Decreto Supremo Nº 181”, sustentó Aparicio.

El Fiscal Superior, aseveró que se trata de una tergiversación errónea que realiza la defensa de Leyes al señalar que el dictamen del IDIF habría concluido en la inexistencia de responsabilidad del imputado, más al contrario, se identificaron varias irregularidades que generan responsabilidad al Alcalde suspendido en su condición de MAE, en estricto cumplimiento del artículo 32 del D.S. Nº 181.

Respecto al punto de pericia al que hace referencia la defensa del Leyes, se aclara que en la segunda parte de la conclusión los peritos establecieron  expresamente que la MAE es responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta su conclusión. En el punto de pericia número tres solicitada por el Alcalde suspendido, los peritos determinaron que el proceso de contratación ha sido llevado adelante en total inobservancia del Decreto Supremo 181, explicando detalladamente cada una de las irregularidades evidenciadas a partir del análisis de la documentación colectada en la investigación.

“Es un proceso absolutamente irregular, siendo la tesis acusatoria que la hemos venido sosteniendo y acreditando a lo largo del proceso de investigación con toda la documentación que ha sido colectada y particularmente con las entrevistas a los propios participes de este hecho y que ahora se ve reforzada con el dictamen pericial”, argumentó Aparicio.

De acuerdo a las investigaciones del caso “mochilas 1” el propio empresario afirmó el favorecimiento que se ha generado a su empresa con la adjudicación de este irregular proceso de contratación que devenía de un acuerdo previo que había sostenido con Alcalde Leyes de entonces a través del señor José Miguel Padilla, para realizar un pago de $us. 45.000 aproximadamente, monto similar al que ya se habría realizado una gestión anterior por la adjudicación irregular para la compra de mochilas escolares, que se encuentra en proceso de investigación denominado caso “mochilas 2”.

Se tiene determinado que la primera irregularidad nace porque corresponde a un proceso de contratación de bienes recurrentes, se ha evidenciado un claro favorecimiento al momento de la calificación de la empresa adjudicada, irregularidades en la conformación de la comisión de recepción que analice y revise de manera detallada los 92 mil productos (no fue conformada), tampoco se firma un acta de recepción de los productos, por tanto, no se tiene certeza de la cantidad y calidad de productos entregados a la Alcaldía, es decir, si estos productos se encontraban acorde a los requisitos específicos  establecidos en el contrato, es más, los productos jamás ingresaron a almacenes.

A pesar de las irregularidades que se han presentado en la compra de las mochilas escolares, las mismas fueron distribuidas por el propio Alcalde Leyes, generándole con ello un compromiso de pago al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que sobrepasan los 12 millones de bolivianos, situación que se constituye en una conducta que se aparta de lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Preocupante
La mayoría de los casos de feminicidio se tienen a autores confesos, sin embargo, no se someten a un procedimiento abreviado y continúan con todos los pasos de un proceso normal.
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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que la Dirección del Área de Víctima de Atención Prioritaria registró 56 casos de feminicidios a nivel nacional, de enero a la primera semana de junio de 2019, de estos, 14 fueron cerrados con sentencia o por extinción y el resto está en etapa de investigación.
 
“En cada una de las fiscalías especializadas de los nueve departamentos se atienden estos casos de forma oportuna, es así, que de los 56 feminicidios que se presentaron ocho ya tienen sentencia, seis se extinguieron por muerte del agresor y el resto está en etapa de investigación con autores identificados”, reveló Lanchipa.
 
La autoridad aclaró que en la mayoría de los casos de feminicidio se tienen a autores confesos, sin embargo, no se someten a un procedimiento abreviado y continúan con todos los pasos de un proceso normal, a pesar que conocen que la pena privativa de libertad será de 30 años, sin derecho a indulto.
 
Los datos señalan que en el 2019 la mayor incidencia de hechos de feminicidios se registró en eje central del país, La Paz con 18 casos, Cochabamba 14, Santa Cruz 7, Beni 4, Tarija 4, Potosí 3, Pando 2, Oruro 3 y Chuquisaca 1.
 
De acuerdo a las estadísticas, durante enero a junio de 2018 se registraron 62 casos de feminicidios, datos que revelan que existe una incidencia similar en el mismo periodo de 2019, casos que son atendidos en la Fiscalía Especializada de Delitos en Razón de Género, Violencia Sexual y Trata y Tráfico de Personas.
 
Al mismo tiempo que se realizan las investigaciones de casos de feminicidios, a través de la Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, se brinda la asistencia especial a niñas y niños que quedaron huérfanos, a quienes se apoya con terapias psicológicas.
 
“Estos datos nos llaman a la reflexión, por ello como Ministerio Público estamos organizando un evento académico a nivel internacional, donde participarán expertos internacionales y donde se pretende generar una reflexión, análisis y debate sobre la implementación, aplicación y alcances de la Ley 348. Esto será un escenario que nos permitirá hacer un diagnóstico de los casos de violencia en nuestro país”, sostuvo Lanchipa.
Los Yungas
Según Bustillos hay varias hipótesis que serán investigadas junto al Ministerio Público para el esclarecimiento del caso y dar con los autores materiales e intelectuales del hecho.
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El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Sergio Bustillos, informó el jueves que efectivos de esa unidad investigan el asesinato del dirigente de los productores de Coca de La Asunta, Eduardo Apaza.

"La FELCC tomó conocimiento que en la localidad de La Asunta, en la zona Bolívar II se registró un hecho de sangre, aparentemente habría sido victimada esta persona con arma de fuego", dijo a los periodistas.

Explicó que la denuncia recibida confirmó que la víctima era el secretario de Hacienda de la Federación de Productores de Coca de La Asunta.

Indicó que peritos procedieron al levantamiento legal del cadáver y que la autopsia que de ley establecerá la causa del deceso.

Según Bustillos hay varias hipótesis que serán investigadas junto al Ministerio Público para el esclarecimiento del caso y dar con los autores materiales e intelectuales del hecho.

Entre tanto, el secretario ejecutivo de productores de coca de La Asunta, Wilfredo Llojlla, oficializó la denuncia por delito de asesinato.

"Mi hermano", secretario de Hacienda de la Federación de La Asunta fue asesinado a sangre fría, cuando retornaba a su casa en su vehículo fue interceptado en el río, le encañonaron en el corazón y lo victimaron con arma de grueso calibre", apuntó Llojlla.

Dijo que en el vehículo estaba la sobrina que llevaba dinero, pero salió ilesa y quienes asesinaron al dirigente no le dijeron nada, tampoco robaron nada del motorizado.

"Tenemos identificados a los posibles autores, que ya el fin de semana amenazaron y realizaron por las redes sociales actos de amedrentamiento", afirmó.

ABI

Santa Cruz
Gary Coronado, quien está a la cabeza de la Comisión de Fiscales que investiga este caso, la fiscalía está trabajando de forma objetiva e intensamente en la investigación del caso Cotas en la que se afectó el patrimonio de los socios con un monto aproximado de 53.968.377.68 bolivianos.
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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó hoy que en el marco de las investigaciones realizadas en el caso Cotas se tienen hasta el momento a 23 personas investigadas, de las cuales 11 están con medidas cautelares y una con sentencia por los delitos de Estafa Agravada, Falsedad de Documentos y Asociación Delictuosa.

Según Gary Coronado, quien está a la cabeza de la Comisión de Fiscales que investiga este caso, la fiscalía está trabajando de forma objetiva e intensamente en la investigación del caso Cotas en la que se afectó el patrimonio de los socios con un monto aproximado de 53.968.377.68 bolivianos.

Coronado señaló que a la fecha existen ocho órdenes de aprehensión en contra de los ciudadanos Widen V. P., Saúl A. T., Mari Luz S., Leonardo S. P., Pedro A. R. Claudia Cecilia I., Javier V.D. y Valeria R.

Por su parte el Fiscal Osvaldo Tejerina, miembro de la comisión investigadora, señaló que los abogados de cotas no asistieron a las audiencias de cesación a la detención preventiva de los imputados Hernán S., Richard A. y Javier V, en la que el Ministerio Público apeló la determinación de la autoridad jurisdiccional que les otorgó la libertad a estas personas.

A efecto de ello, el Ministerio Público aperturó un proceso penal en la Unidad de Anticorrupción contra la juez que determinó la cesación a la detención preventiva de Javier V. M.

En cuanto a la sentencia en contra de Carmen Karina Suarez, fue apelada por los abogados de la cooperativa Cotas, quienes no permitieron que sea ejecutoriada para solicitar a otras instancias la reparación de los daños ocasionados al patrimonio de los socios de Cotas.

Este caso que está catalogado como complejo se inició el pasado 16 de febrero del presente año, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia por los presuntos delitos de Estafa, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, dentro de la promoción “Cotas en cuotas” que la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz impulsó para sus usuarios.

Caso UELICN
El aprehendido, durante la gestión 2014, solicitó la Contratación de los servicios mediante la Modalidad de Licitación Pública Internacional de la empresa Horizontal de Aviación S.AS. junto a los otros miembros de la unidad solicitante.
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La Fiscalía Departamental de La Paz, este miércoles, ordenó la aprehensión del ex funcionario de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), Pablo E.S.G., por presuntamente favorecer a la empresa Horizontal de Aviación S.A.S, en millonarios contratos de mantenimiento de aeronaves de los “Diablos Rojos” y “Diablos Negros” durante la gestión 2014, cuando ejercía el cargo de Técnico de Enlace en los Grupos Especiales en la unidad solicitante.

El Fiscal anticorrupción a cargo del caso, Germán Rea Salinas, informó que el aprehendido, durante la gestión 2014, solicitó la Contratación de los servicios mediante la Modalidad de Licitación Pública Internacional de la empresa Horizontal de Aviación S.AS. junto a los otros miembros de la unidad solicitante.

“Existen elementos de convicción y pruebas que permitieron aprehender al sindicado por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias y Negociaciones Incompatibles en Razón del Cargo”, dijo Rea Salinas.

Por otra parte la unidad solicitante, de la que formaba parte el aprehendido, no efectúo un análisis de posibles proponentes nacionales para que en consideración a los resultados obtenidos se procesa a la contratación, aspecto que contraviene a lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Las declaraciones de personas en calidad de testigos continuarán esta semana y la próxima, para esto se continuará tomando declaraciones informativas de algunos miembros de la unidad solicitante y también de algunas personas que formaban parte del Enlace de Erradicación e Interdicción.

Fuga del chofer que chocó contra una pasarela
El chofer chocó su camión contra una pasarela y causó un daño económico de consideración a la altura de la zona de Achachicala, pero luego de cumplir las ocho horas de arresto se fue sin cumplir los trámites necesarios.
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La Fiscalía Departamental de La Paz ordenó este martes la aprehensión de los oficiales de la Unidad Operativo de Tránsito, sargento Justino C.C. y  capitán Jhonny V.C., por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Favorecimiento a la Evasión, por no remitir a tiempo al chófer protagonista del destrozó de la pasarela del autopista La Paz - El Alto y que, posteriormente, se dio a la fuga.

El chofer chocó su camión contra una pasarela y causó un daño económico de consideración a la altura de la zona de Achachicala, pero luego de cumplir las ocho horas de arresto se fue sin cumplir los trámites necesarios para levantar el arresto, como la verificación del domicilio y otros.

La Fiscal Analista, Verónica Jara, refirió que el caso llegó a su unidad a las 10:58 dos minutos antes de que se cumpla el plazo procesal de arresto de ocho horas, siendo que fue un delito flagrante y no se puso a conocimiento del fiscal como manda la normativa jurídica.

Ambos oficiales de Tránsito fueron remitidos al fiscal de turno para que evalúe su situación legal.

Involucra a autoridades y exfiscales.
La declaración ampliatoria del acusado Torrico, duró una semana donde dio información de aproximadamente 57 nombres entre jueces, fiscales, abogados.
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Las acusaciones del presunto  torturador de personas, Jhasmani Torrico, contra autoridades y exfiscales a quiénes vinculó de ser parte de su consorcio ilegal de jueces y fiscales deben tener el respaldo y pruebas necesarias para que se realice la investigación, dijo hoy el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce.

“Son declaraciones que se han recibido dentro del proceso de investigación en una declaración ampliatoria y en el Ministerio Público se está haciendo una evaluación. Simplemente es una acusación a ciertas autoridades y exfiscales, por el momento son declaraciones que no cuentan con el respaldo y pruebas necesarias para iniciar una investigación” aclaró Lanchipa.

El Fiscal General precisó que el “Ministerio Público permanentemente realiza un trabajo interno a través de la Unidad de Transparencia en cuanto a las labores de cada uno de nuestros fiscales. En este caso vamos a esperar que nos pueda demostrar o acreditar algunos de los indicios que puedan dar lugar a una apertura de una investigación en relación a alguno de estos nombres”.

En pasados días, Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado torturador” solicitó  una ampliación de su declaración, donde reveló nombres de un presunto consorcio de jueces, fiscales y abogados con los que hacía tratos para beneficiar a sus defendidos, sin embargo, no presentó ningún tipo de pruebas que respalden su denuncia.

La declaración ampliatoria del acusado Torrico, duró una semana donde dio información de aproximadamente 57 nombres entre jueces, fiscales, abogados.

Chile
Los uniformados también daban indicaciones a los transportistas de los lugares y horas en que se realizarían controles y permitir la salida de territorio chileno de vehículos por pasos no autorizados.
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Cinco carabineros (Policía chilena) destinados en unidades anti-contrabando en la frontera con Bolivia y Perú fueron detenidos y acusados de recibir altas sumas de dinero a cambio de facilitar el paso ilegal de camiones con productos de contrabando hacia territorio boliviano y peruano. Tres de los uniformados fueron arrestados en la localidad de Visviri, punto de control chileno ubicado al lago opuesto de Charaña (Bolivia), y los otros dos en Arica.

La Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota, realizan una amplia investigación del caso, lograron identificar a los carabineros mediante interceptaciones telefónicas. Se estima que los ex policías recibieron entre 160.000 y un millón de pesos chilenos ($us 1500) para facilitar el paso del contrabando.

“Se escucha los nombres de las personas que intervienen, lo montos que se están negociando, la fecha y la hora, referencia de los camiones a los que no iban a subir (a controlar)”, explicó el fiscal adjunto de Arica, Daniel Valenzuela, al canal chileno 24 horas.

Los uniformados también daban indicaciones a los transportistas de los lugares y horas en que se realizarían controles y permitir la salida de territorio chileno de vehículos por pasos no autorizados.

El general Rodrigo Cerda, jefe de la zona región de Arica y Parinacota, manifestó que el caso les afecta porque son los encargados de garantizar la seguridad pública. “No nos van a intimidar, seguimos adelante por los más de 60.000 carabineros que trabajan honradamente”, dijo.

De momento, se desconoce el tiempo que hayan trabajado en la actividad ilegal. Los ex funcionarios policiales pueden ser sentenciados hasta 10 años de cárcel. Además, otras cuatro personas, entre ellos transportistas, fueron detenidas acusadas de contrabando, cohecho y soborno.

El Deber

Objetivos asumidos en el Cuarto Gabinete Ministerial Binacional
Estos compromisos están asentados, fundamentalmente, en mejorar la expertise de los operadores del sistema de justicia de ambos países porque vamos a desarrollar un importante taller de trabajo práctico.
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El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Javier Moncada,  reunión binacional entre la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente  contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la República del Perú y el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas de Bolivia que se desarrolló los días 28 y 29 , en la que se logro firmar la hoja de ruta 2019-2020, asumimos nuevos desafíos, nuevos retos.

 “Esta importante reunión ha sido organizada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos asumidos en el Cuarto Gabinete Ministerial Binacional entre Bolivia y Perú desarrollado, en la ciudad de Cobija, en 2018. Este trabajo ha sido desarrollado gracias a la Cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)” dijo.

La reunión binacional entre la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente  contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la República del Perú y el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas de Bolivia que se desarrolló los días 28 y 29 de mayo en instalaciones de la Cancillería del Estado.

Por su parte, la jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Elvia Barrios, informó que la reunión entre ambos Estados fue muy productiva e informó que “Ambos países hemos cumplido los compromisos asumidos. En la hoja de ruta 2019-2020, asumimos nuevos desafíos, nuevos retos.

 Estos compromisos están asentados, fundamentalmente, en mejorar la expertise de los operadores del sistema de justicia de ambos países porque vamos a desarrollar un importante taller de trabajo práctico.

 aseguró que hubo el compromiso de un intercambio fluido de información con relación tanto a las actividades judiciales como policiales que se llevan a cabo en la zona de frontera” y añadió que se acordó en designar puntos focales para que coadyuven en el intercambio de información para el combate de la trata y otros delitos conexos.

Asimismo, el representante de la UNODC, Thierry Rostan, expresó su satisfacción con la aprobación de la Hoja de Ruta 2017-2018; así como con la validación de la Hoja de Ruta 2019-2020; y con la configuración de la ficha técnica sobre el diagnóstico fronterizo sobre trata y tráfico ilícito de migrantes que se realizará entre ambos países; y explicó que “Globalmente, los dos países están cumpliendo con sus compromisos internacionales y creemos que con esta reunión se fortalecen los mecanismos de prevención y lucha de trata en los dos países”.

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