Seguridad

Supuesta compra irregular de cemento
El juez prohibió a Oliva establecer comunicación con los otros imputados o testigos y determinó que debe acreditar dos testigos y presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público.
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La justicia determinó el arraigo nacional del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, como medida alternativa a la detención, por la compra de cemento asfáltico para la construcción de la carretera Santa Ana – Yesera que, según la demanda de la fiscalía, fue inaugurada ocho meses antes por la misma autoridad.

El arraigo nacional fue dictado por el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar de la capital tarijeña considerando que, en su calidad de gobernador, esa autoridad podría salir con mucha facilidad del país.

“En la audiencia de medidas cautelares, se pudo acreditar con todos los elementos indiciarios presentados que el señor Adrián Oliva habría tenido participación dolosa en este hecho, toda vez que ya desde la gestión 2015 tenía conocimiento del avance de la construcción de la carretera y habiendo entregado oficialmente la misma en abril de 2016 permitió que se proceda a la compra de cemento asfáltico para ese mismo camino, casi 8 meses después”, aseguró el Fiscal departamental de Tarija, Aimore Álvarez Barba.

La Fiscalía informó que el juez prohibió a Oliva establecer comunicación con los otros imputados o testigos y determinó que debe acreditar dos testigos y presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público.

Detalló que según los antecedentes del hecho, el 12 de diciembre el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a través del Servicio Departamental de Caminos, suscribió el contrato con la empresa G.S.Q., General Service of High Quality, representado por JESÚS A.C.F., para la provisión del cemento asfáltico para la Conclusión de Trabajos de Imprimación y Carpeta Asfáltica del Proyecto Construcción Camino Santa Ana – Yesera.

Empero, ocho meses antes, el 21 de abril de 2016, la carretera ya habría sido entregada en acto público por  el propio gobernador Oliva, lo que demuestra que no existía razón para la contratación de una empresa que suministre asfalto.

Caso Pedro Montenegro
La pasada jornada Montenegro fue sentenciado con la pena máxima de 6 años de privación de libertad por los delitos de Falsedad Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado.
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El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, aclaró que el Ministerio Público no protege a Pedro Montenegro Paz quien continúa siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Tráfico de Sustancias Controladas y anunció que la Fiscalía solicitará a la autoridad jurisdiccional la pena máxima en ambos casos.

“Como Fiscalía estamos demostrando una lucha frontal contra el narcotráfico, no protegemos a nadie. En el caso del señor Montenegro pediremos la sanción máxima de 10 años por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, mientras que en el caso de Tráfico de Sustancias Controladas vamos a solicitar la pena máxima de 25 años de privación de libertad de acuerdo al Código Penal Boliviano”, sostuvo Salguero.

La pasada jornada Montenegro fue sentenciado con la pena máxima de 6 años de privación de libertad por los delitos de Falsedad Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado de acuerdo a los artículos 198 y 199 del Código Penal, situación que no lo libera de responder ante la justicia por los hechos de Legitimación de Ganancias Ilícitas que se encuentra con imputación formal y Tráfico de Sustancias Controladas que se encuentra en fase investigativa.

Por otra parte, Salguero desmintió las versiones de protección a Pedro Montenegro, “eso es completamente falso y lo estamos demostrando en los procesos de investigación donde estamos solicitando la aplicación de las penas máximas en los dos procesos que aún son investigados”, sostuvo.

Con relación a la extradición, la autoridad departamental aclaró que el Ministerio Público no tiene la facultad de aceptar o negar la extradición y que el Tribunal Supremo de Justicia es la entidad llamada a resolver la extradición o cualquier otra situación de Montenegro.

“Como Ministerio Público nosotros investigamos y es el Tribunal Supremo de Justicia quien dirá la última palabra y resolverá si acepta o concede la solicitud de extradición, nosotros no nos metemos en ello, lo que nos corresponde es investigar y el señor Montenegro en Bolivia tiene tres procesos, en uno ya se tiene condena y los otros dos aún se encuentran en etapa de investigación”, dijo

Este caso salió a luz después de que circularon varias fotografías en la que Montenegro se encontraba de viaje de turismo en el extranjero con Fernando M. M., su esposa Esther C. A., Robín Oscar J. M. y otras personas investigadas dentro de este caso.

Ministerio De Desarrollo Productivo
“Es irregular que un terreno cueste Bs 1.249.000 en una zona tan alejada de la ciudad de El Alto y el certificado catastral junto al formulario de pago de impuestos establecen como máximo valor de Bs 42.000 más las edificaciones rústicas que tiene".
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La Fiscalía Departamental de La Paz imputó el martes al ex Director Administrativo Financiero del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eleuterio CH., por la presunta comisión del delito de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica por la compra de un terreno en la ciudad de El Alto con un valor de Bs 1.249.000, cuando en realidad el valor catastral del predio es de Bs 42.000.

La Fiscal Anticorrupción asignada al caso, Edna Montoya, informó que existen suficientes pruebas e indicios en contra del imputado, como el Certificado Catastral y el formulario de pago de impuestos del municipio alteño, que establecen el valor real de la propiedad y prueban que Eleuterio CH. es con probabilidad el autor del delito investigado.

“Es irregular que un terreno cueste Bs 1.249.000 en una zona tan alejada de la ciudad de El Alto y el certificado catastral junto al formulario de pago de impuestos establecen como máximo valor de Bs 42.000 más las edificaciones rústicas que tiene; pero además los vendedores recibieron el dinero pero la propiedad nunca paso a manos del Estado, es decir el derecho propietario sigue a nombre de los anteriores dueños”, dijo Montoya.

El Ministerio Público, durante la investigación, determinó que existen irregularidades en el proceso de evaluación, avaluó de la propiedad y la compra. El hecho fue denunciado por autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hasta el momento dos ex funcionarios se encuentran con detención preventiva por ser parte de la Comisión de calificación del proceso de compra.

Montoya, adelantó que también son investigados los propietarios del inmueble por el delito de Enriquecimiento Ilícito con Afectación al Estado. Durante los actuados la Fiscalía citó a declarar a los propietarios, sin embargo no se presentaron y se analiza la situación procesal de los involucrados.

Fue encontrado colgado
El cadáver fue encontrado ayer aproximadamente a las 18.00. Peritos de la División Homicidios de la FELCC se trasladaron hasta el lugar e hicieron el levantamiento legal del cadáver, que fue encontrado por comunarios del lugar en medio de los matorrales.
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El cuerpo del secretario general de la comunidad Exaltación del municipio de Caranavi, Miguel Espejo Vargas, fue encontrado sin vida colgando de un árbol en esa región de los Yungas, autoridades informaron que aun No se conocen las circunstancias de lo ocurrido, aunque se presume que se trataría de un suicidio. La Policía comenzó con la investigación del caso.

El cadáver fue encontrado ayer aproximadamente a las 18.00. Peritos de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se trasladaron hasta el lugar e hicieron el levantamiento legal del cadáver, que fue encontrado por comunarios del lugar en medio de los matorrales.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, confirmó el inicio de las investigaciones y las circunstancias en las cuales ocurrió su deceso que, y afirmó que podría tratarse de un suicidio porque el hombre fue encontrado colgado en un árbol con una soga en su cuello.

“La Policía, entre las investigaciones preliminares, indica de que aparentemente se tratase de un suicidio, no se descarta otras hipótesis, pero están en proceso de investigación. Personal de la FELCC se ha constituido en el lugar para hacer el levantamiento legal del cadáver, así que estamos en pleno proceso de investigación”, afirmó.

Santa Cruz
 "Se presentaron los elementos de convicción y se acreditaron los riesgos procesales como peligro de fuga y obstaculización de la investigación", informó.
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El fiscal de distrito de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó el lunes que el Juez Primero de la Niñez y Adolescencia del Municipio de Cotoca, determinó la detención preventiva de cinco sujetos acusados de una violación grupal a una adolescente de 15 años, oriunda de esa población distante a 16 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.

 "Se presentaron los elementos de convicción y se acreditaron los riesgos procesales como peligro de fuga y obstaculización de la investigación", informó.

 Detalló que la autoridad judicial determinó la detención preventiva de Medardo R. F., Nelson R. D., Abrahán S. M., en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz; mientras que los menores Juan A. R. M. (17) y Bernabé O. M. (16), fueron enviados al Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ), todos imputados por la presunta comisión del delito de Violación Agravada.

 El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Santa Cruz, Paul Saavedra, detalló que la víctima fue drogada antes de ser agredida.

  "La víctima acudió a una cita con su amigo, consumieron bebidas alcohólicas en un domicilio, pasada unas horas llegaron compañeros del joven, y la agredieron en reiteradas oportunidades luego de doparla y dejarla inconsciente; es el quinto caso de estas características en lo que va del año", explicó el jefe policial.

El fin de agilizar los procesos
La Plataforma funcionará a partir de la fecha en instalaciones de la Fiscalía Departamental de Tarija, de acuerdo a una reestructuración de ambientes, cuenta con una oficina de servicios comunes, sala de monitoreo y una sala de interrogatorio.
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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta y el Fiscal Departamental del Tarija, Aimoré Álvarez, inauguraron hoy una moderna Plataforma de Atención Integral al Público que tiene como objetivo principal agilizar trámites y brindar un servicio con calidad y calidez a la población tarijeña.

“Esta plataforma tiene por finalidad separar las funciones administrativas de las funciones operativas de los Fiscales. Alivianar la parte administrativa es fundamental para no distraer en las funciones fundamentales del Ministerio Público como es la dirección funcional de la investigación. A partir de hoy vamos a tener la digitalización de todos los memoriales, al momento de presentar una denuncia o una petición inmediatamente será escaneado y se incorporará al Sistema de Seguimiento de Causas de modo que los litigantes podrán hacer seguimiento de sus causa directamente en el sistema”, sostuvo Lanchipa.

La Plataforma funcionará a partir de la fecha en instalaciones de la Fiscalía Departamental de Tarija, de acuerdo a una reestructuración de ambientes, cuenta con una oficina de servicios comunes, sala de monitoreo y una sala de interrogatorio, entre otros.

“Tendremos por primera vez en Bolivia la Oficina de Recepción de Declaraciones para testigos o convocados a declarar. Ya no será necesario llevar adelante una transcripción de las grabaciones, ahora se va a registrar íntegramente todas las declaraciones de tal manera que no se pueda eliminar o suprimir algún elemento importante para la investigación”, explicó el Fiscal General.

El Fiscal Departamental de Tarija, Aimoré Álvarez, dijo que ahora los litigantes podrán realizar el seguimiento de sus trámites mediante un dispensador informático de consultas del estado y asignación de causas penales, tendrán acceso a un fichero automático, además de un buzón de reclamos, de forma que se transparente la atención al público.

“Desde hace algunos meses venimos observando estos cambios profundos en el Ministerio Público, tal como dice nuestro lema, trabajamos por un Sistema Penal más justo, pero fundamentalmente más humano que tenga la aplicación de la calidad y la calidez en el servicio que prestan todos los funcionarios de la Fiscalía a la ciudadanía que acude a nuestras instalaciones”, dijo el Fiscal Departamental, Aimoré Álvarez.

A su turno el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, dijo que es fundamental lograr una justicia más humana pero también más rápida y no se tenga que esperar años para la resolución de una causa.

“Este tipo de trabajo que está haciendo el Ministerio Público, este tipo de cambios ayuda a la humanización de la justicia. Nuestra felicitación al Fiscal General y esperamos que estas oficinas sean en beneficio de la gente que más necesita el amparo, la protección, la mano protectora del Estado y que necesita de ese servicio público fundamental para la vida como es la justicia” dijo el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta.

Los ambientes fueron diseñados con ventanillas para la recepción de memoriales, información y atención general, dando prioridad a mujeres embarazadas, adultos mayores y discapacitados. También se habilitaron oficinas para el análisis de denuncias registradas y para la recepción de denuncias verbales, de forma que el ciudadano se sienta seguro y cómodo al momento de efectivizar su denuncia.

Caso de la muerte del exviceministro
Terrazas señaló que el Ministerio Público en audiencia hizo una fundamentación objetiva en cuanto a la participación de cada uno de los acusados durante los hechos suscitados ese día en Panduro.
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La fiscalía departamental de La Paz informó que en audiencia de procedimiento abreviado el Tribunal Tercero de El Alto determinó la sentencia de cinco años de cárcel para cuatro mineros procesados en el caso de la muerte del viceministro de Régimen Penitenciario, Rodolfo Illanes.

Los mineros sentenciados son René Cochi Trujillo, Silvestre Flores Ruiz, Carlos Castro Manuel y Julián Pinto Condori, exdirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), por el hecho de sangre que ocurrió el 25 de agosto de 2016 en la localidad de Panduro, carretera La Paz - Oruro.

El fiscal asignado al caso, Rudy Terrazas, explicó que los cuatro exdirigentes mineros reconocieron la comisión del delito de encubrimiento y organización criminal, y aceptaron su responsabilidad y participación en los hechos producidos ese fatídico día, durante un bloqueo minero.

Terrazas señaló que el Ministerio Público en audiencia hizo una fundamentación objetiva en cuanto a la participación de cada uno de los acusados durante los hechos suscitados ese día en Panduro.

Ante los argumentos de la Fiscalía, las tres jueces técnicas -por voto unánime- dictaron sentencia condenatoria en contra de los cuatro mineros, determinación que no fue apelada por ninguna de las partes; tampoco se presentó una oposición fundada, por lo que se declaró ejecutoriada la sentencia más el pago económico de daños y perjuicios.

El exviceministro Rodolfo Illanes murió mientras se encontraba en manos de un grupo de mineros cooperativistas que protestaban por la aprobación de una nueva ley. Illanes se había trasladado a la localidad de Panduro a 186 kilómetros de La Paz para tratar de dialogar con los mineros para que depongan sus medidas de presión.

Fiscal General del Estado
La autoridad indicó que en el Gabinete de la Mujer se tomaron actos iniciales para la prevención del tema de los feminicidios en el país y de la violencia extrema que llevan adelante ciertas personas contra la mujer y dar muerte a una persona por solamente su condición de género.
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El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que de enero a julio de 2019 se registraron 15.936 hechos de violencia familiar o doméstica en el país y ante estos datos, advirtió que como Ministerio Público se resolverá los casos de feminicidios y violencia contra la mujer con acciones inmediatas y atención prioritaria para que se logre una acusación que derive en una sentencia condenatoria en todos los hechos registrados en el 2019.

“El Gabinete de la Mujer, ha establecido un decálogo que involucra a todas las instituciones para frenar la violencia hacia la mujer que termina lastimosamente en feminicidio, en lo que corresponde al Ministerio Público se ha dado la tarea fundamental de resolver las causas en el menor tiempo posible, para que logremos tener una acusación y una sentencia condenatoria en todos los casos de feminicidio en lo que resta esta gestión”, sostuvo Lanchipa.

La autoridad indicó que en el Gabinete de la Mujer se tomaron actos iniciales para la prevención del tema de los feminicidios en el país y de la violencia extrema que llevan adelante ciertas personas contra la mujer y dar muerte a una persona por solamente su condición de género y de ser mujer es una situación que lastima, no solamente a la autoridad, sino a la sociedad en conjunto.

“Nosotros debemos buscar a través de la educación, en el hogar, en la escuela y en el centro laboral el respeto a la mujer, respeto a su condición y de ninguna manera vamos a tolerar cualquier tipo de violencia hacia la mujer. Nosotros vamos a ser siempre defensores de las mujeres y en este caso como Ministerio Público vamos a ser muy fuertes en el planteamiento de la defensa de las víctimas”, aseguró el Fiscal General.

De acuerdo a los datos del Ministerio Público respecto a hechos de violencia familiar o doméstica a nivel nacional se registran 15.936 casos, con mayor incidencia en Santa Cruz con 4.806, La Paz 3.822, Cochabamba 2.472, Tarija 1.456, Potosí 1.212, Chuquisaca 696, Beni 683, Oruro 572 y Pando 217.

La Paz, registra 25 casos
Hasta la fecha  en Bolivia se registran 73 casos de feminicidio, con mayor incidencia en el eje central del país, La Paz 25 casos, Cochabamba 15 y Santa Cruz 10, situación que ha movilizado a varios sectores de la sociedad.
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De acuerdo a datos oficiales del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales 4 del Ministerio Público, hasta la fecha  en Bolivia se registran 73 casos de feminicidio, con mayor incidencia en el eje central del país, La Paz 25 casos, Cochabamba 15 y Santa Cruz 10, situación que ha movilizado a varios sectores de la sociedad.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, lamentó que la mayor incidencia de hechos de violencia se registren en sectores más vulnerables como son las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Recordó que todo hecho de violencia es un delito que tiene sanción penal y como Ministerio Público se procederá con todo el rigor de la Ley.

La autoridad hizo un llamado a trabajar desde el seno mismo de la familia inculcando valores de respeto a la vida de las personas. “La familia y la escuela son fundamentales en la educación de toda persona que debe crecer en un ambiente sin violencia y con valores fuertes por el respeto a la vida”.

Los datos oficiales del Ministerio Público revelan que en Bolivia se registran 73 casos de feminicidios, con mayor incidencia en el departamento de La Paz con 25 casos, seguido de Cochabamba con 15, Santa Cruz 10, Oruro 7, Beni 4, Tarija 4, Potosí 4, Pando 2 y Chuquisaca 2. 

La Fiscalía General del Estado a través de la Dirección del Área de Víctimas de Atención Prioritaria realiza un seguimiento minucioso de casos de feminicidios y de acuerdo a las investigaciones sobre los hechos cuenta con datos fidedignos en cuanto ingresan los casos por muerte de una mujer.

Pando
“En horas de la madrugada es cuando procedió a realizar los abusos en contra de la víctima, es decir se levantó a las cinco de la mañana y procedió a sacar la ropa de la menor, es ahí cuando ella pidió auxilio”, acotó el fiscal.
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El Fiscal Departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar, informó que el Tribunal de Sentencia No 1 de Cobija dictaminó doce años de prisión para Juan Pablo Mollo Achipa, por el delito de Abuso Sexual de una menor de 12 años de edad, la condena deberá ser cumplida en el penal de Villa Busch de Cobija.

“El juez valoró las pruebas recolectadas por la fiscalía durante la investigación del caso y determinó que el acusado es autor del delito, por lo que deberá cumplir su condena durante doce años”, señaló Cuellar.

Según la autoridad, las pruebas contundentes que ayudaron a esclarecer este caso fueron el certificado médico forense el cual señala que se encontraron fluidos con el ADN del agresor en la víctima, así como la declaración de la menor y los testigos.

De acuerdo a la relación de los hechos, el diez de mayo del 2017, el ahora sentenciado vivía con la familia de la víctima en el mismo domicilio ubicado en la comunidad Avaroa, siendo trabajador de los padres de la niña, es así que aprovechando la confianza de los progenitores de la menor y al ver que no se encontraban en la vivienda procedió a cometer el ilícito.

“En horas de la madrugada es cuando procedió a realizar los abusos en contra de la víctima, es decir se levantó a las cinco de la mañana y procedió a sacar la ropa de la menor, es ahí cuando ella pidió auxilio”, acotó el fiscal.

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