Seguridad

Esta castigado en un pozo
El hecho se registró el pasado sábado, cuando -según la información policial- el interno ingresó al pozo a cumplir su sanción y al salir se desvaneció.
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Omar Chuima Quispe, un privado de libertad de 25 años de edad, murió el pasado fin de semana después de haber recibido un castigado en un pozo, ubicado en el interior del penal de San Pedro de La Paz.

"El interno no se habría presentado a una formación del control interno que tienen dentro del penal, por tal motivo esta persona, de acuerdo a la organización interna de los privados de libertad, tendría como sanción ingresar a un pozo con agua", informó el teniente Irving Saavedra, jefe operativo de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

El hecho se registró el pasado sábado, cuando -según la información policial- el interno ingresó al pozo a cumplir su sanción y al salir se desvaneció, por lo que de inmediato fue trasladado al Hospital de Clínicas y murió.

Según la autopsia realizada al cuerpo de la víctima, el deceso se registró por asfixia mecánica por sumersión y traumatismo cráneo encefálico cerrado.

La Policía aclaró que este tipo de sanciones son determinadas por la misma organización interna de los privados de libertad en contra de los reos que no llegan puntuales a las formaciones.

Chuima cumplía detención preventiva por el delito de tentativa de homicidio.

Tomado: El Día

Gobierno responsabiliza a ADEPCOCA
Agregó que el grupo de personas trasladó a Serrudo a una casa donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, con fractura en nariz y lesiones en las costillas.
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El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, denunció este lunes que personas "pagadas" por la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) agredieron físicamente el sábado al responsable de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), Martin Serrudo, en la localidad La Calzada, de municipio de la Asunta en La Paz.

"Hemos identificado a las personas quienes de alguna forma estuvieran vinculadas con este hecho lamentable y obviamente son personas de Adepcoca, personas que han sido pagadas por Adepcoca para que comentan estos ilícitos, no es la primera vez son reiteradas veces que han golpeado a nuestros compañeros, pero esta vez han mellado la dignidad, la integridad física del Director de Digcoin", dijo en conferencia de prensa.

Cocarico relató que el sábado el director de Digcoin se trasladó a Chamaca para brindar un informe, al terminar la jornada y al retornar a La Paz se detuvo en la comunidad La Calzada para cenar y ahí fue interceptado por un grupo de personas que lo agredió físicamente, con el argumento de ser de la región del Chapare de Cochabamba.

Agregó que el grupo de personas trasladó a Serrudo a una casa donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, con fractura en nariz y lesiones en las costillas, además desinflaron las llantas traseras del vehículo en el que se trasportaba para evitar que escape.

Cocarico dijo que ya se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, además se identificó por lo menos a seis posibles responsables, y exigió que se sancione a los autores intelectuales de ese hecho.

"Nosotros como corresponde hemos hecho la denuncia al Ministerio Público para que se haga la investigación y exigimos al Ministerio Público que se puedan dar con los autores, hay personas que han actuado sabemos sus nombres, esperemos que en un tiempo prudente se pueda esclarecer esto y se sancione como corresponde", insistió.

Deslizamiento
“Podemos afirmar que tenemos a 16 personas fallecidas que habrían sido producto de los deslizamientos. De los desaparecidas tenemos aproximadamente, bueno son 13 personas que tiene la policía”, dijo Delgado.
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La policía reporta a 13 personas como desaparecidas, producto de los deslizamientos ocurridos el pasado fin de semana en la ruta a Caranavi en el sector de puente Armas. Familiares, bomberos y la policía realizan los trabajos de búsqueda que no se suspenderán hasta nuevo aviso según informó el comandante general de la Policía Boliviana, Romulo Delgado.

“Podemos afirmar que tenemos a 16 personas fallecidas que habrían sido producto de los deslizamientos. De las desaparecidas tenemos aproximadamente, bueno son 13 personas que tiene la policía”, dijo Delgado.

Los trabajo de búsqueda no pararan y continuarán con el apoyo de los familiares de las los desaparecidos y los equipos especiales de la policía.

“Se van a quedar hasta el momento que las autoridades superiores nos indiquen que ya no se va a realizar ninguna búsqueda. Pero mientras tanto el personal policía va a continuar”, señaló.

En los últimos trabajo de búsqueda se logró encontrar el cadáver de una persona de aproximadamente 25  años.

Pando
Dos conscriptos de 17 años fueron imputados por Biocidio, después de haber sido filmados mientras decapitaban con machetes a dos gatos.
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Conscriptos de 17 años imputados por Biocidio cumplirán detención domiciliaria por un año y recibirán tratamiento psicológico en Bolpebra. La decisión fue asumida por la autoridad jurisdiccional del Juzgado del Menor del Distrito judicial de Pando.

Los dos menores fueron imputados por el delito de Biocidio, después de haber sido filmados mientras decapitaban con machetes a dos gatos, en un puesto militar de Bolpebra.

El Fiscal Departamental de Pando, Juan Carlos Cuéllar, señaló que el Ministerio Público demostró de manera clara y contundente la participación de ambos adolescentes en el hecho y en audiencia de medida cautelar los involucrados de manera libre y voluntaria solicitaron someterse a una terminación anticipada.

“La juez ha dispuesto medidas socioeducativas por un año, es decir detención domiciliaria, pero como se trata de soldados seguirán prestando su servicio militar, una vez salgan del cuartel estarán en su domicilio bajo la vigilancia de sus padres. Asimismo ambos tienen orden del juez de someterse a un tratamiento psicológico”, explicó Cuéllar.

La autoridad también señaló que el caso aún continuará en investigación debido a que existe un tercer conscripto que grabó la matanza de los gatos, además se conoció, a través de las declaraciones de los menores, que ellos obedecieron las órdenes de un teniente del ejército para quien se emitirá una citación a fin de que comparezca ante el Ministerio Público.

El hecho:

A mediados del mes de enero conscriptos del puesto militar de Bolpebra, del departamento de Pando, zona fronteriza con Brasil y Perú, degollaron a dos gatos con un machete y luego arrojaron al río los cuerpos de los animales sin vida.

El hecho fue grabado en un video que fue difundido a través de las redes sociales, lo que generó indignación en la sociedad y principalmente en los colectivos de defensa de animales que se pronunciaron al respecto pidiendo sanciones contra los responsables.

Detención preventiva
El Ministerio Público solicitó su detención en Chonchocoro porque el sindicado tenía antecedentes penales por delitos similares. Además se ha recabado los indicios suficientes en su contra.
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La Fiscalía Departamental de La Paz informó este jueves que la autoridad del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Cautelar dictó detención preventiva para José A. J. C., a cumplirse en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro por los presuntos delitos de Asesinato y Robo Agravado a un trabajador minero en La Paz.

El Fiscal asignado al caso y miembro de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra las Personas, Javier Flores, informó que el Ministerio Público solicitó su detención en Chonchocoro porque el sindicado tenía antecedentes penales por delitos similares.

El Ministerio Público ha recabado los indicios suficientes como; los videos de las cámaras de seguridad, la colección de los casquillos, la triangulación de las llamadas, el certificado de defunción, la autopsia y otros que demuestran que el sindicado es con probabilidad partícipe del hecho.

Por otra parte, Flores informó que al momento de la aprehensión del sindicado se incautó el motorizado para realizar las pericias necesarias por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), lo que permitió evidenciar la participación del imputado.

Según el Fiscal asignado al caso, durante su declaración informativa el ahora detenido dio detalles de la forma como se habría llevado a cabo el asalto, asimismo admitió que del dinero robado recibió 100 dólares y 700 bolivianos por llevar a los atracadores, mismos que utilizó para pagar deudas que tenía y el resto del dinero se llevaron los otros autores, ahora buscados por la Policía y la Fiscalía.

Indicó que las investigaciones continuarán hasta dar con el resto de los autores del atraco del pasado sábado dos de febrero, cuando sujetos armados atacaron al minero de 45 años y le sustrajeron 5.000 dólares; pero al intentar impedir el robo la víctima fue impactada con balas que le cegaron su vida.

Oruro
El efectivo policial, identificado como Rubén Pozo L., embriagaba a la madre para agredir sexualmente a la menor de 14 años.
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En Oruro un uniformado de la policía vejo sexualmente a hijastra de 14 año y la embarazó, el uniformado habría cometido este ilícito desde que la menor tenía 11 años.

Un uniformado con grado de suboficial, como en la mayoría de estos casos, amenazaba a su víctima para que no avisara a su madre lo que sucedía. La víctima de 14 año y lleva en su vientre un ser de 20 semanas de gestación.

Esta historia, suscitada en Oruro, se suma a varias otras de violación sexual a menores dentro del entorno familiar..

La víctima contó que venía sufriendo abusos constantes desde sus 11 años de edad y que el agresor la amenazaba ostentando su condición de policía.

El efectivo policial, identificado como Rubén Pozo L., embriagaba a la madre para agredir sexualmente a la menor.

El denunciado fue aprehendido y puesto ante un juez cautelar, que determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro de Oruro.

Familiares y vecinos de la localidad de Caracollo, donde ocurrían los vejámenes, exigen a las autoridades aplicar la pena máxima en contra del agresor, además de pedir garantías para la familia por las amenazas vertidas el día de su aprehensión por el funcionario policial.

Por cuarta ocasión
El juez Octavo de Instrucción Penal de La Paz, Orlando Rojas, rechazó el pedido de libertad de Gutiérrez, que se encuentra detenido por supuestamente estar implicado un emboscada a efectivos de la FTC en los Yungas el 2018.
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Por cuarta vez rechazaron el pedido de libertad del dirigente la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) , Franclin Gutiérrez, el mismo se volvió a declarar "preso político".

El juez Octavo de Instrucción Penal de La Paz, Orlando Rojas, rechazó el pedido de libertad de Gutiérrez, que se encuentra detenido por supuestamente estar implicado un emboscada a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los Yungas el 2018.

"Muy lamentable la decisión del juez, pero vamos a seguir pidiendo más audiencias para poder demostrar (mi inocencia) porque el Gobierno lo único que ha hecho durante todo este tiempo es juzgarme, pero yo pido más bien al Ministerio Público que de una vez investigue, quiero saber por qué me acusan, saben ellos que yo soy inocente", dijo Gutiérrez.

El coronel Jorge Santiesteban, abogado de Gutiérrez, también lamentó que el juez nuevamente rechace el pedido de cesación a la detención preventiva de su defendido y denunció que en la audiencia se cortó su derecho a la defensa.

"No se escucha absolutamente nada, no se valora nada mientras Franclin Gutiérrez siga siendo presidente de Adepcoca porque ese es el único motivo, (lo único que buscan es que renuncie a su cargo), por tanto, aquí hay el ingrediente de una doctrina política más que jurídica", manifestó.

Según su versión, el Juez alegó que mientras Gutiérrez siga siendo presidente de Adepcoca, continuará existiendo el peligro de fuga y la posible obstaculización del proceso investigando.

Pero Gutiérrez reiteró que no renunciará porque tiene el respaldo de las tres provincias de Los Yungas.

El hecho de sangre fue en Laja
Las declaraciones de este testigo permitieron identificar a Tapia como la última persona que tuvo contacto con la víctima antes de ser encontrada sin vida.
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La Fiscalía Departamental de La Paz logró, en pasados días, la sentencia de 30 años de cárcel para Roberto Tapia Espinoza en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por el feminicidio de Beatriz Saavedra Quispe, encontrada muerta en el municipio de Laja el pasado jueves 17 de enero.

El fiscal a cargo de la investigación, Alexis Vilela, informó este martes que el Ministerio Público realizó la investigación en 72 horas para esclarecer el hecho y conseguir que él ahora sentenciado se declare culpable ante las pruebas contundentes de la Fiscalía.

Vilela señaló que Tapia era ex conyugue de la víctima y al encontrarla en conversación con otra persona la llevó a la fuerza hasta su taxi, para luego dirigirse camino a Laja, donde después de una discusión la asfixió con su brazo.

El elemento importante para dar con el autor del crimen, es la discusión que tuvo con la persona que acompañaba a la víctima cuando este la obligó a subir a su vehículo, pero antes de retirarse del lugar Tapia rompió el parabrisas del motorizado del acompañante, aspecto que fue denunciado en la Policía de Pucaraní.

Las declaraciones de este testigo permitieron identificar a Tapia como la última persona que tuvo contacto con la víctima antes de ser encontrada sin vida.

De acuerdo con el Fiscal a cargo del caso, el 18 de enero se logró aprehender a Roberto Tapia Espinoza, quién conduce a la autoridad del Ministerio Público a los lugares donde llevó a la víctima y ocultó sus pertenencias, ante las pruebas irrefutables, se solicitó la audiencia de medidas cautelares ante la autoridad jurisdiccional del lugar.

Durante la audiencia Tapia Espinoza, se declaró culpable y pidió acogerse al juicio abreviado, donde la juez de Pucaraní lo sentencia a 30 años de cárcel, asimismo durante la audiencia el Ministerio Público, los familiares de la víctima y el autor, renunciaron a la apelación restringida y se dio por ejecutoriada la sentencia contra el autor del feminicidio.

Lo acusan de violencia intrafamiliar
“Un elemento importante es conocer el estado psicológico de la víctima, siendo que en la denuncia formal indica que hubiera existido violencia psicológica, necesitamos una valoración previa para poder constatar este aspecto”, dijo la investigadora.
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La Fiscalía Departamental de La Paz emitió este viernes los requerimientos fiscales necesarios para obtener más pruebas durante la etapa preliminar de la investigación, en la denuncia por violencia familiar o doméstica, interpuesta por Kary Arias, esposa del ex Defensor del Pueblo David T.

La fiscal a cargo del caso y parte de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), Evelyn Calderón, informó que a tiempo de recepcionar la denuncia se emitieron los requerimientos fiscales para poder obtener mayores elementos en el caso, uno de ellos a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), para que realice la valoración psicológica de la presunta víctima.

“Un elemento importante es conocer el estado psicológico de la víctima, siendo que en la denuncia formal indica que hubiera existido violencia psicológica, necesitamos una valoración previa para poder constatar este aspecto”, dijo la investigadora.

Por otra parte, el segundo requerimiento que se redactó es para el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para solicitar una copia del certificado forense que la esposa de David T. se realizó en diciembre pasado para investigar si hubo agresión física en contra de Arias, según señaló la Fiscal asignada al caso.

“Respecto al certificado médico forense de una presunta agresión física, solo conocemos de manera extraoficial, en la denuncia formal no se adjunta este documento, por ello se solicita al IDIF, está institución debe remitirnos la documentación en el plazo establecido”, agregó Calderón.

Finalmente, la Fiscal de materia manifestó que aún no se tiene fecha ni hora para convocar al David T. para que brinde su declaración informativa, aunque aclaró que puede presentarse de manera voluntaria para hacerlo.

Abusó de una personas con discapacidad
“El juez ha determinado la sentencia condenatoria de 20 años, gracias a las pruebas que fueron recabadas y posteriormente presentadas”.
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La Fiscalía de Tarija informó este viernes que el Tribunal de Sentencia Segundo de la ciudad de Tarija dictó 20 años de prisión, en el penal de Morros Blancos, para Nelson Rueda Castillo por el delito de violación agravada a una persona con discapacidad en la comunidad de Rositas del municipio de Padcaya.

 Durante la audiencia de juicio oral, el fiscal Daniel Hugo Sánchez, logró demostrar que toda la prueba presentada por el Ministerio Público señalaba que el imputado cometió el acto delictivo.

“El juez ha determinado la sentencia condenatoria de 20 años, gracias a las pruebas que fueron recabadas y posteriormente presentadas” informó el representante del Ministerio Público.

Según el funcionario del Ministerio Público todos los documentos y pruebas periciales como: certificados médicos forenses, psicológicos, declaraciones de testigos, así como de la víctima acreditaron que se consumó el delito.

En junio de 2014, en la comunidad de Rositas del municipio de Padcaya del departamento de Tarija, Nelson Rueda Castillo habría llevado en su vehículo a la señora Silvia E. M. O., persona con discapacidad, procediendo a abusar sexualmente de ella, producto del hecho la misma quedó embarazada.

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