Seguridad

En la localidad de Eucaliptus, departamento de Oruro, se produjo un nuevo enfrentamiento entre un grupo de contrabandistas y miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); el hecho dejó cinco personas heridas.

El Ministerio de Defensa informó que un grupo de contrabandistas que pretendía ingresar una columna de vehículos indocumentados embistió contra la FTC. Una mujer fue accidentalmente herida de bala, informó el Ministerio.

El comandante del puesto de control La Joya dispuso que, el pasado 4 de febrero, una patrulla de la FTC se desplace hacia el puente de ingreso a la comunidad de Eucaliptus para interceptar una columna de vehículos indocumentados proveniente de la localidad fronteriza de Desaguadero.

"Es ahí donde aparecen contrabandistas y embisten a los militares que estaban custodiando el puente de ingreso, obligándoles a usar sus armas de reglamento, disparando al piso para disuadirlos", dice un comunicado del Ministerio de Defensa.

En ese acto, según la cartera gubernamental, una "bala perdida" hirió a una mujer, que fue trasladada primero a Eucaliptus y luego a la ciudad de Oruro. La persona está fuera de peligro.

El Ministerio detalló que, cuando acudieron a auxiliar a la mujer herida, los contrabandistas aprovecharon para atacar con piedras y palos a los militares;  aunque la situación fue controlada, se informó que un teniente y otros tres militares sufrieron agresiones de los contrabandistas.

"La población se reúne en las puertas del hospital y llega el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el coronel Delgadillo, quien dialoga con ellos (pobladores) y posteriormente ordena la evacuación del teniente y los tres integrantes de la patrulla heridos a Oruro. Sin embargo, siguen siendo hostigados por un pequeño grupo de personas que apoyaba a los contrabandistas", indica la nota.

En Santa Cruz cinco personas fueron aprehendidas que usaban el nombre del Movimiento Al Socialismo (MAS) para pedir a sus víctimas entre 2.000 a 5.000 dólares a cambio de puestos públicos.

Cinco personas fueron imputadas por los delitos de contribuciones y ventajas ilegitimas, asociación delictuosa y estafa agravada, fueron identificadas como parte de una red de corrupción que usaba el nombre del MAS para estafar.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, informó este jueves que una acción conjunta con su par de Gobierno, Carlos Romero, permitió "detectar y desarticular una red de corrupción" que operaba en la ciudad de Santa Cruz, para obtener "ventajas ilegales".

José Luis B., Patricia M. P., Osvaldo T. T., Olivia C. T. y Jhonny C. T. fueron detenidos, el Ministerio Público los imputó por los delitos de contribuciones y ventajas ilegitimas, asociación delictuosa y estafa agravada.

Arce detalló que Barrientos identificado como el cabecilla de la red tiene antecedentes penales por estafa, hurto y asociación delictuosa y supuestamente era "cercano a los dirigentes del MAS en algún distrito", de esta manera usaba el nombre del gobernante MAS para ofrecer cargos públicos.

 Acotó que la fiscalía tendrá que investigar a los "sonsacadores o estafadores" si fueron dirigentes o en qué calidad estaban vinculados con el gobernante MAS y de la misma manera si tienen algún nexo con servidores públicos de las instituciones de las que ofrecían cargos.

"Son personas que usaban el nombre del MAS falsamente, se va a investigar si fueran o habrían sido en algún momento dirigentes o personas vinculadas y con el mismo rigor y con más razón todavía les va a caer el peso de la ley", declaró Arce.

Se presume que al menos 20 personas fueron estafadas, sin embargo, ocho denunciaron haber sido víctimas de estas personas que les ofrecían cargos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en la Caja Nacional de Salud en el Segip a cambio les pedían entre $us 2.000 y 5.000.

Como los ofrecimientos no se cumplían las personas denunciaron a los "estafadores" que según la información de Arce operaban desde 2017 y habrían realizado cobros de al menos $us 15 mil dólares.

"Vamos a solicitar las medidas más drásticas", dijo Arce, porque uno de los implicados prácticamente habría confesado el modus operandi; mientras que en la intervención que hizo la Policía se encontró en posesión de Barrientos los recibos por los recursos que recibían.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó que se emitió una orden de aprehensión en contra de Sergio Pampa, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz porque está acusado de la agresión a un funcionario del Viceministerio de Coca y también de promover hechos de violencia en contra de pobladores de la comunidad La Calzada, en el municipio yungueño de La Asunta.

Se trata del segundo hombre de esa organización que es acusado por el Gobierno de causar violencia. El primero fue el principal dirigente Franclin Gutiérrez, quien guarda detención preventiva desde agosto de 2018 acusado por planificar una emboscada que derivó en la muerte de un policía.

“Se emitió varias órdenes de aprehensión y estos mandamientos son producto de una serie de denuncias por parte de varias personas víctimas de agresiones, amenazas de muerte, secuestros de golpes y coacción por parte del señor Sergio Pampa y otras personas”, indicó Quiroga.

El pasado jueves, un contingente policial ingresó a La Calzada, junto al fiscal Carlos Mariaca, para investigar la agresión al titular de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), Martín Serrudo, y en medio de una gasificación se aprehendió a cuatro personas.

Pampa, en un breve contacto con Los Tiempos, rechazó todas las acusaciones del Gobierno y dijo que, si se confirma la aprehensión, entonces se trata de un recrudecimiento de la persecución política por parte del MAS.

En tanto, Adepcoca convocó a una vigilia el lunes, con el 30 por ciento de sus bases, en la sede de la institución en Villa Fátima, en respaldo a sus líderes, informó el dirigente José Luis Cuaquira a radio FM Bolivia.