El Gobierno solicitó la ampliación por 90 días del estado de excepción por conmoción interna, mediante el Decreto Supremo 5707, que fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su consideración. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que la medida busca mantener las condiciones de estabilidad y garantizar la circulación y el derecho al trabajo de la población.
Gobierno defiende continuidad de la medida
Gálvez sostuvo que durante los primeros 90 días de vigencia del estado de excepción no fue necesario recurrir a medidas de mayor alcance, como un estado de sitio, y que las protestas registradas fueron atendidas mediante el diálogo.
Según el vocero, las circunstancias que motivaron la declaratoria inicial aún persisten, principalmente las amenazas de bloqueos, restricciones a la circulación y afectaciones al orden constitucional. En ese marco, afirmó que el Ejecutivo considera necesaria la ampliación de la medida para proteger a la población.
Gálvez habla de posibles medidas futuras
El vocero afirmó que, si la ALP aprueba la continuidad del estado de excepción y las circunstancias lo requieren, el Gobierno podría recurrir a las medidas previstas por la Constitución y las leyes.
Gálvez sostuvo que un eventual estado de sitio y otras acciones de fuerza dependerían de la situación y del marco legal vigente. Sus declaraciones fueron planteadas como una posibilidad ante escenarios que puedan afectar la circulación y el abastecimiento de la población.
“Los factores que motivaron los 53 días han estado presentes: las amenazas de bloquear, privar la circulación y romper el orden constitucional siguen vigentes; por eso se ha sacado este Decreto Supremo. En el marco del respeto a la Constitución y a las leyes, se ha puesto en consideración de la Asamblea Legislativa para que, en plazo establecido, lo considere”, afirmó.
“No tiene como finalidad quitar derechos”
El vocero presidencial aseguró que la ampliación del estado de excepción no tiene como finalidad restringir los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y garantizar condiciones para que la población pueda desarrollar sus actividades.
“La continuidad no tiene como finalidad quitar derechos, sino proteger el derecho de los bolivianos”, afirmó Gálvez, quien sostuvo que una de las principales demandas de la población es mantener la posibilidad de trabajar y desarrollar sus actividades con normalidad.
La ALP debe definir la ampliación
El pedido fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene un plazo de 72 horas para considerar la solicitud. Al tratarse de una ampliación, los legisladores tienen la facultad de aprobar o rechazar la continuidad de la medida mediante mayoría simple de los parlamentarios presentes, señaló Gálvez.
Si la ALP rechaza la solicitud, el estado de excepción concluirá una vez cumplido el periodo de vigencia correspondiente. También queda por establecer qué ocurrirá si la solicitud no es tratada dentro del plazo previsto, aspecto que deberá ser definido conforme al marco constitucional y legal vigente, añadió
