Pedro Quispe, dirigente del Sindicato de Chóferes del Transporte Pesado Nacional e Internacional, lanzó duras críticas contra las instituciones encargadas de controlar las fronteras y el abastecimiento de combustible en Bolivia. Sus declaraciones, cargadas de indignación, ponen en evidencia lo que considera una cadena de negligencias y permisividad estatal frente al ingreso de vehículos ilegales, los llamados autos chutos, y la crisis energética que golpea al transporte.
Críticas a los controles fronterizos
Quispe cuestionó directamente a la Aduana Nacional, la Policía Boliviana, Vías Bolivia y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), señalando que permiten el ingreso masivo de autos ilegales por pasos fronterizos como Tambo Quemado, Pisiga y Abaroa.
“¿Entran volando? ¿Entran por aire? Hay pues autores”, ironizó, acusando a las instituciones de mirar hacia otro lado mientras “toda basura entra” y se distribuye por regiones como Puerto Suárez, Trinidad, Pando, Cochabamba, Chapare y el Altiplano.
Consumo de combustible y nacionalización
El dirigente enfatizó que los autos chutos ya forman parte del parque automotor y consumen gasolina y diésel, por lo que la nacionalización de estos vehículos no modificaría el nivel real de consumo. “Bolivia vive pues de contrabando”, sentenció, aludiendo también al ingreso de ropa usada por toneladas.
Apertura al sector privado
En un tono desafiante, Quispe instó al gobierno a abrir el mercado de combustibles al sector privado, permitiendo que empresas internacionales importen diésel y gasolina para garantizar el abastecimiento. “Si el gobierno hacía caso, si se traía por un año o dos años, nadie se hubiera quejado, no hubiera habido bloqueos. La gente necesita diésel y gasolina para trabajar”, afirmó.
Oportunidades internacionales
El dirigente reveló que países como Irán, Irak, Estados Unidos, China y Rusia ya han manifestado interés en vender combustible a Bolivia. Según él, la falta de previsión gubernamental es la raíz de los actuales bloqueos y la crisis energética que paraliza al transporte pesado.
Las declaraciones de Quispe se suman a un escenario de tensión social y económica marcado por:
- El incremento del contrabando en las fronteras.
- La escasez de combustible que afecta al transporte y la producción.
- La presión de sectores privados que buscan participar en la importación de hidrocarburos.
Su discurso refleja el cansancio del gremio transportista, que exige soluciones inmediatas y acusa al Estado de complicidad por omisión. La pregunta que queda flotando es si Bolivia seguirá dependiendo del contrabando y de decisiones tardías, o si se abrirá a un modelo competitivo con participación privada.
