La Cámara de Diputados de Bolivia convocó para este martes 26 de mayo a una sesión virtual en la que se prevé tratar la abrogación de la Ley 1341, norma que regula los estados de excepción en el país. El debate se realizará en medio de la crisis generada por los bloqueos indefinidos y las protestas que afectan a distintas regiones de Bolivia.
La sesión fue programada para las 11:00 y, aunque el orden del día contempla únicamente asuntos de correspondencia y temas en mesa, se anticipa que en este último apartado se incluya el tratamiento del proyecto de ley aprobado previamente por la Cámara de Senadores de Bolivia.
La iniciativa legislativa fue remitida a Diputados después de recibir el visto bueno del Senado el pasado domingo, en un contexto marcado por la cuarta semana consecutiva de bloqueos impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las movilizaciones han provocado dificultades de abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, especialmente en la ciudad de La Paz, además de un incremento en la tensión social.
La eventual derogación de la Ley 1341 no modificaría las atribuciones constitucionales del Ejecutivo para declarar un estado de excepción, ya que esa facultad está establecida en la Constitución Política del Estado, específicamente entre los artículos 137 y 140. Sin embargo, quienes respaldan la iniciativa sostienen que la eliminación de la norma permitiría reducir procedimientos y limitaciones adicionales que actualmente dificultan una respuesta más rápida ante escenarios de conflicto interno.
El presidente del Senado, Diego Ávila, defendió la medida y aseguró que el Ejecutivo ya cuenta con esa atribución constitucional.
“No es necesaria la ley. Es una facultad que sí la tiene el presidente y está establecida en la Constitución Política del Estado”, afirmó Ávila, quien añadió que la normativa vigente imponía “demasiadas limitaciones” para enfrentar la crisis y buscar la pacificación del país.
Sectores favorables a la abrogación consideran que la medida otorgaría mayor margen de acción al Gobierno frente a los bloqueos y conflictos sociales. En contraste, críticos de la propuesta advierten que flexibilizar los controles sobre el estado de excepción podría abrir un debate sobre las garantías constitucionales y los derechos ciudadanos.
La decisión final quedará en manos de la Cámara de Diputados, cuya sesión podría definir el alcance de las herramientas legales disponibles para el Ejecutivo en medio de la actual crisis política y social.
