La Defensoría del Pueblo observa con profunda preocupación la creciente conflictividad social y sus efectos sobre la vida cotidiana de la población. Las marchas, bloqueos y medidas de presión que se registran en distintos puntos del país, particularmente en la ciudad de La Paz, están generando un escenario de alta tensión que exige responsabilidad, serenidad y apego irrestricto al marco constitucional y democrático.
El Defensor del Pueblo recordó que la protesta social es un derecho legítimo reconocido por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero subrayó que ningún derecho puede ejercerse vulnerando otros derechos fundamentales de la población. “La democracia protege la protesta, pero también exige preservar la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la institucionalidad democrática. Ninguna reivindicación puede justificar afectaciones al derecho a la vida, la salud, la alimentación, la libre circulación o la integridad de las personas.”
En el marco de sus competencias constitucionales, la Defensoría ha realizado verificaciones en surtidores de combustible, hospitales, centros de acogida y mercados de La Paz y El Alto.
– En centros de acogida y hospitales no se registran restricciones inmediatas en la provisión de alimentos y servicios, aunque persiste la incertidumbre sobre los próximos días.
– En los mercados, se evidencia desabastecimiento y alza de precios en productos de primera necesidad como carne, pollo, huevo, frutas y verduras.
– El sector de transporte de carga internacional reporta cientos de conductores varados durante días en carretera, con condiciones precarias de seguridad, alimentación y salud.
– La ASOFAR ha alertado sobre el riesgo que los bloqueos y restricciones de tránsito generan en el ingreso y distribución de medicamentos e insumos médicos esenciales.
El Defensor fue enfático al señalar que “En esta coyuntura el valor que debe prevalecer es la responsabilidad. Medir las consecuencias previsibles de cada acción, tomando en cuenta sus efectos negativos. En momentos difíciles y retadores es cuando más requerimos mantener la cabeza fría y la permanente reflexión.”
“Quiero ser claro: la protesta es un derecho, pero no puede convertirse en un instrumento que ponga en riesgo la vida y la salud de la población. La Defensoría del Pueblo continuará vigilante, exhortando a todos los actores sociales y políticos a privilegiar el diálogo y la paz por encima de la confrontación. La democracia se fortalece con responsabilidad, respeto y unidad nacional” concluyo.
