El representante de las víctimas de 2019, Daniel Quispe, manifestó su profunda preocupación frente al decreto supremo 5552, mediante el cual se relegaría de sus funciones al vicepresidente Edman Lara. La medida, señaló, ha generado indignación y rechazo entre la población, que considera este acto como un atentado contra la Constitución Política del Estado.
Quispe aclaró que su postura no busca defender a la autoridad afectada, sino resguardar el respeto a la institucionalidad democrática. “La gente está muy molesta por esta situación. Repudiamos este decreto porque vulnera la Constitución y debilita la institucionalidad del país”, afirmó.
El representante exigió al Vicepresidente del estado que presente una acción de inconstitucionalidad contra la disposición gubernamental, al considerar que se trata de un precedente peligroso para la estabilidad política. Asimismo, cuestionó la actuación del primer mandatario Rodrigo Paz, a quien acusó de violar reiteradamente la Constitución Política del Estado desde su ingreso al gobierno. “Le pedimos que no enfurezca más a la población, porque de mantenerse esta situación, el pueblo podría levantarse en contra del gobierno”, advirtió.
La declaración de Quispe refleja el creciente malestar social frente a decisiones que, según las víctimas de 2019, ponen en riesgo la credibilidad institucional y la paz social.
