El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Nicanor Cochi declaró que será la justicia la que defina si corresponde anular el Decreto Supremo 5515, que permite al Presidente ejercer funciones desde cualquier país mediante plataformas digitales. Señaló que, en caso de ser inconstitucional, debería elevarse a la Asamblea Legislativa para su tratamiento como proyecto de ley o directamente abrogarse.
Cochi insistió en que no solo las autoridades pueden presentar recursos, sino que cualquier ciudadano que considere inconstitucional una norma tiene la facultad de hacerlo. Justificó además la vigencia del decreto en el contexto actual, afirmando que “el mundo vive en una era digital” y que el uso de estas herramientas responde a la modernización de la gestión pública.
El debate se centra en la compatibilidad del decreto con la Constitución y en los mecanismos de control que aseguren transparencia y legalidad. La Sala Constitucional Tercera de El Alto admitió una acción popular contra el DS 5515 y fijó audiencia pública para este martes, donde se escucharán los argumentos de las partes.
De acuerdo con Cochi, el proceso está “en espera” y será la justicia la que determine si el decreto se mantiene, se modifica o se abroga. Mientras tanto, la discusión refleja la tensión entre la continuidad del mando presidencial y los límites constitucionales en un escenario marcado por la digitalización del ejercicio gubernamental.
