Chapetón “no tengo miedo a la audiencia”
La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, se mostró sorprendida por la "rapidez con la cual actuó la Fiscalía de La Paz" al imputarla por una supuesta transferencia de un predio público a un particular.
Según la autoridad, la denuncia no tiene sustento legal alguno, por el caso relacionado con una Resolución Administrativa de rezonificación de áreas públicas, en la que no se tomó en cuenta el área denominada “Surtidor Señor de Mayo”.
La máxima autoridad comunal dijo solo tenerle miedo a Dios y no así a una audiencia sin fundamentos.
Indicó que esta denuncia a la cual quieren involucrarla data de hace 27 años atrás y que no fue su gestión quien hizo el traspaso a una empresa privada. Afirmó que tiene la conciencia tranquila y que espera no sea una maniobra política, con el afán de perjudicar su gestión.
Expresó que el proceso apunta a mellar su gestión, ya que toda la justificación administrativa y legal de esta denuncia fue presentada y no tiene razón de ser.
“El hecho que se haya transferido un bien público a un privado es totalmente falso”, recalcó.
La Alcaldesa recordó que se presentó ante los estrados judiciales las veces que fue notificada para emitir la respectiva declaración.
“Me presenté para emitir mi declaración informativa sobre el caso y se informó de manera clara, contundente y con toda la documentación de respaldo, que en ningún momento se transfirió un terreno de bien público a un privado”, indicó.
En este punto, aclaró que vecinos del Distrito 4 solicitaron a la Comuna una rezonificación para implementar un nuevo proyecto. Se cumplió con este requerimiento, dado de que se trata de un procedimiento administrativo técnico normal de la Alcaldía, sin embargo, en ningún caso se transfirió bienes municipales.
Detalló que en la denuncia se presentó la Resolución Administrativa Municipal Nº 35 del año 2016, que en ningún momento incluye el terreno en conflicto, es decir no ingresa en este trámite de rezonificación.
Referente al predio, informó que como Alcaldía se sigue un proceso civil desde el año 2004 y que al ingresar a la administración (2015) dicho proceso estaba paralizado, porque la instancia jurídica habría pedido una modificación en el contenido y justificación de la defensa, lo cual se ha impulsado y el día de hoy sigue su curso para su debida defensa.