El plan de EE.UU. contra Bolivia (Parte I)

Artículos de Medios Internacionales

Tomado del sitio Nicaragua Rebelde que reproduce un artículo publicado originalmente en el sitio Behind Back Doors en el cual se evidencia con pruebas contundentes (archivos de audio) la estrategia diseñada y financiada por el gobierno de Estados Unidos, sus aliados tradicionales en la región y la derecha, contra el presidente Evo Morales, en función de promover un Golpe de Estado en el país y deslegitimar el proceso electoral.

El material demuestra las semejanzas entre el diseño de Golpe de Estado previsto para aplicar en Bolivia, con las acciones ejecutadas por Estados Unidos, de conjunto con la derecha local y respaldo de las organizaciones internacionales, en particular la OEA, contra el gobierno sandinista el pasado Abril de 2018.

Queda claro como en ambos casos se trata de montajes con alto diseño y financiamiento, que la campaña de desinformación intenta vender como protestas y supuestos estallidos sociales “espontáneos” en nombre de la “libertad”, la “democracia” y los “Derechos Humanos”, cuando la realidad es que se trata de Golpes de Estado, de nuevo tipo, para promover cambios de gobierno progresistas y mantener la derechización pro norteamericana en la región.

El artículo.

Desde Estados Unidos se gesta un Golpe de Estado contra el presidente boliviano Evo Morales, el cual se pretende materializar entre finales de 2019 (presuntamente después de las elecciones) y marzo de 2020.

Sus principales operadores son los políticos bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada, Manfred Reyes Villa, Mario Cossio y Carlos Sánchez Berzain, todos residentes en Estados Unidos. Quienes articulan las acciones en Bolivia son los líderes de la agrupación opositora Coordinadora Nacional Militar, compuesta por militares de la reserva entre los que se cuentan al General Rumberto Siles y los coroneles Julio Maldonado, Oscar Pacello y Carlos Calderón.

De igual forma, coordinan con altos dirigentes de la oposición boliviana, principalmente Waldo Albarracin quien preside de la Confederación Nacional Democrática (CONADE),  Jaime Antonio Alarcón Díaz presidente del Comité Cívico de La Paz, Jorge Quiroga ex presidente de Bolivia, Juan Carlos Rivero, Rolando Villena, ex defensor del pueblo y Samuel Doria Medina del partido Unidad Nacional, quienes están responsabilizados en suministrar el financiamiento que se envía desde Estados Unidos para ejecutar el plan, así como asegurar las acciones previstas para crear un estado de crisis social que permita convulsionar el país antes del 20 de octubre, fecha electoral.

Este plan ya está en marcha y contempla entre otras cuestiones la creación de una fisura y división de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Boliviana, logrando que estas se alcen contra el presidente Evo Morales. Además prevén la manipulación de sectores estratégicos de la sociedad boliviana como el sector universitario, el sector médico, los discapacitados y los ambientalistas, en función de desestabilizar el país.

Gran parte del financiamiento ya se encuentra en territorio boliviano para lo cual han contado con el apoyo de Embajadas acreditadas en Bolivia y la iglesia evangélica, quienes han sido utilizados por el gobierno de Estados Unidos como fachada para no verse implicados directamente en estos fines injerencistas.

Funcionarios del Departamento de Estado acreditados en Bolivia como Marine Scott y Rolf A. Olson han estado reunidos con altos funcionarios diplomáticos de Brasil, Argentina y Paraguay para que organicen y planifiquen las acciones de desestabilización contra el gobierno boliviano, así como entreguen el financiamiento estadounidense a la oposición local.

El plan previsto cuenta de 3 fases:

Fase preparatoria (ya ejecutada). Su objetivo es preparar y organizar el terreno para las fases posteriores. Se desarrolló entre abril y julio de 2019 donde se establecieron alianzas políticas para conformar un solo frente de oposición, reuniones de coordinación en función de las acciones a realizar en las fases 2 y 3. De igual forma, se comenzó la campaña de descrédito contra el gobierno utilizando para esto la estructura mediática concebida que incluye a medios de prensa opositores, medios alternativos, activistas en redes sociales, así como la realización de denuncias ante organismos internacionales.

La estrategia en las redes sociales y fake news es liderada por el ciudadano boliviano Raúl Reyes Rivero, uno de los principales activistas del movimiento de la oposición y quien está planificando las acciones de la Plataforma Democrática y los Comités Cívicos en contra del gobierno, con vistas al derrocamiento del presidente Evo Morales.

Entre sus principales contactos se encuentran Jhanisse Vaca Daza, el abogado Omar Duran y Frank Sousek Medrano, este último ex trabajador del Fondo Interamericano de Desarrollo.

El ex presidente y opositor Jorge Quiroga es el encargado de buscar apoyo y pronunciamientos de los organismos regionales e internacionales como la OEA, la CIDH, la Unión Europea y otros, para deslegitimar la victoria electoral de Evo Morales, declararla inconstitucional y avalar una intervención internacional en Bolivia.

Fase aguda (en ejecución). Su objetivo es generar convulsión e inestabilidad social en el país. Comenzó a implementarse en junio y prevé llegar hasta octubre de 2019. Consiste en establecer un estado de crisis social en el país a través de manifestaciones violentas y pacíficas, tranques y paros, utilizando para ello los Comités Cívicos y el Movimiento 21F, así como al sector universitario y el sector médico, entre otros grupos de la sociedad civil.

Juan Flores, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, es el operador político de Carlos Sánchez Berzain y Manfred Reyes Villa en Bolivia y quien tiene la responsabilidad de generar un punto de convergencia social a nivel nacional para lo cual está operando a lo interno de los Comités Cívicos y fusiona a los militares y policías del servicio pasivo. De conjunto con el coronel retirado Oscar Pacello, sutilmente manejan la intención de generar ese punto de inflexión que desate violencia y convulsión social en Bolivia.

La idea es paralizar el país el 10 de octubre perjudicando las elecciones nacionales de forma tal que desde esa fecha se pueda movilizar y enfrentar a la población bolivariana contra el gobierno y desestabilizar el proceso electoral.

Antes de esta fecha pretenden ir involucrando a distintos sectores de la sociedad en estas movilizaciones. Está previsto que se realicen protestas y marchas los días 20 de septiembre a nivel nacional, 26 de septiembre en La Paz, el 4 de octubre en Santa Cruz y la Paz, entre otras convocatorias posteriores.

Otro de los objetivos de esta fase es fragmentar las instituciones armadas del estado, principalmente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para esto se prevé el reclutamiento de altos jefes militares activos dentro de las Fuerzas Armadas, quienes apoyarían el Golpe de Estado y asumirían la presidencia del país en una coalición cívico-militar, ya conformada, para el período de transición.

Se conoce que ya hay un grupo de militares reclutados, entre los cuales se encuentran personas muy cercanas al presidente Evo Morales, quienes desde su cargo facilitarían la realización de las acciones contempladas en el plan, utilizando para esto la desinformación al presidente.

Fase final (no ejecutada). En esta etapa se prevé la declaración de un supuesto fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo, previsto a ejecutarse una vez terminen las elecciones presidenciales.

Las evaluaciones y pronósticos del Departamento de Estado y otras agencias del gobierno de los Estados Unidos sobre el resultado probable de las elecciones presidenciales en Bolivia el próximo 20 de octubre, refieren que el presidente Evo Morales resultará ganador de las mismas.

Ante este escenario la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, secretamente, ha estado creando las condiciones objetivas y subjetivas para la declaración de un fraude electoral.

La propia Mariane Scott se ha estado reuniendo, off the record, con el sector diplomático en el país, incentivando el mensaje de ilegitimidad y fraude en las elecciones, sobre lo cual han logrado convencer a un grupo de países acreditados. En sus reuniones con altos funcionarios de las Embajadas de Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, España, Ecuador, Reino Unido y Chile han ido solicitándoles que sean ellos  quienes lideren las denuncias de fraude en las elecciones, lo cual será más creíble y genuino que si lo hace directamente Estados Unidos. De igual forma, la Embajada estadounidense ha estado centrada en el seguimiento detallado del Tribunal Supremo Electoral en Bolivia (TSE), buscando documentar supuestas irregularidades del órgano electoral que sirvan para denunciar el fraude.

No importa quien vote, sino quién cuente los votos.

Paralelamente, en el mes de julio se llevó a cabo una reunión privada entre el opositor Jaime Antonio Alarcón Daza, Iván Arias y otros miembros de los Comités Cívico en la que se acordó adquirir máquinas de conteo rápido de votos para las próximas elecciones presidenciales, con el objetivo de lograr, a través de estas máquinas, la manipulación de la opinión pública sobre los resultados electorales.

Estas máquinas en su totalidad tendrían un costo de 300 mil dólares. El financiamiento lo aportarían la Embajada de Estados Unidos en el país y la representación de la Unión Europea, siendo entregado a través de la Fundación Jubileo y la iglesia evangélica. Para esto ya han logrado reunir más de 800 mil dólares, de los cuales también saldría el pago a las personas que trabajarán en el conteo rápido de votos.

La intención es ubicar estas máquinas en cada mesa electoral que se instaure y organizar a través de los Comités Cívicos su funcionamiento usando a personas preparadas con antelación para esta maniobra. Durante toda la jornada electoral esto estaría acompañado de una cobertura mediática para incitar a la población a que acompañe este sistema de conteo de votos rápido como forma de fiscalizar los resultados finales, sin la mediación del Tribunal Supremo Electoral.

En esta etapa jugará un papel fundamental la Unión Juvenil Cruceñista la cual está indicada a ejecutar acciones violentas una vez se publiquen los resultados finales electorales, para lo cual han estado reclutando a delincuentes que van a utilizar como punta de lanza en estos enfrentamientos y acciones violentas contra las instituciones del estado.

Juan Martín Delgado, miembro de esta organización juvenil, es quien está encargado de organizar estos hechos violentos. Para esto cuenta con el apoyo del boliviano Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien a su vez recibe indicaciones y asesoramiento del funcionario estadounidense Rolf A. Olson.

Después de la toma de posesión de Evo Morales en el 2020 y atendiendo que han podido lograr la desestabilización social, se auto proclamaría un gobierno paralelo, impulsado desde una fracción de las Fuerzas Armadas, que contemplaría un gobierno cívico-militar liderado por Waldo Albarracin, quien deberá convocar a nuevas elecciones en 90 días sin contemplar la participación del Movimiento al Socialismo (MAS).

Ya para esta etapa el gobierno de Estados Unidos ha estado preparando secretamente al político y candidato presidencial Oscar Ortiz, lo cual abordaré en un próximo trabajo.

Esta estrategia dirigida y financiada por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, contempla además el llamamiento a una huelga general indefinida antes del día electoral, operaciones encubiertas, campaña de descrédito y desinformación, entre otras formas de sabotaje para crear violencia y deslegitimar el proceso electoral en el país.