Llaman al cese a la violencia ante el inicio de la auditoria electoral

Defensora del pueblo

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este miércoles, ante el aumento de hechos de violencia registrados en los últimos días en varios punto del país, principalmente en el eje troncal, y al encontrar una salida al actual conflicto con el inicio de la auditoria electoral vinculante, llamó al inmediato cese de enfrentamientos e ingresar a un espacio de reencuentro que posibilite una pacificación.

La Autoridad lamentó la afectación a la integridad física de las personas durante las movilizaciones sociales y ciudadanas que sólo este martes dejó 64 personas heridas, sumando en total 139, la mayoría en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, como resultado, principalmente, de confrontaciones entre civiles.

Recordó al gobierno central, departamental o municipal, su obligación de preservar la paz, asimismo, a la Policía Boliviana, que el uso de la fuerza siempre tiene que ajustarse a lo que dispone su Ley Orgánica y normativas disciplinarias; a los principios de proporcionalidad y necesidad, además de disposiciones internacionales como los Principios Básicos  sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 En ese marco, remarcó, al encontrar en la auditoria electoral, que este jueves iniciará la Organización de Estados Americanos (OEA), una salida pacífica y democrática al conflicto que se vive y lastima al pueblo boliviano, y convocó a la ciudadanía movilizada a deponer acciones de violencia y no arrogarse potestades estatales por parte del Comité Cívico en Santa Cruz para requisar movilidades o exigir credenciales a periodistas; y a que se considere la situación de los heridos, tres de ellos en estado de gravedad, cuyo restablecimiento de salud resulta más dificultoso.

“Se invoca a la Gobernación y el municipio de Santa Cruz para que puedan asumir las competencias que les corresponden al Estado y no generar que civiles estén detentando el poder, porque más allá de que este Comité Cívico considere que sus demandas son legítimas, se tienen que enmarcar en el orden constitucional y en el respeto de los derechos humanos”, manifestó.