Denuncia que el INRA dotó 287.000 hectáreas a campesinos y un 75% son ilegales

Según Alcaldía de Concepción

El Instituto Nacional de Reforma Agraria dotó 287.000 hectáreas a los campesinos en el municipio de Concepción y un 75% son consideradas ilegales. Así lo informó este martes el alcalde de esa comuna, David Mollinedo que afirmó que dichos asentamientos no están registrados en las oficinas de esa alcaldía y por lo tanto exigió una inmediata auditoría.

En ese ámbito, el Comité pro Santa Cruz comenzó el trabajo para hacer cumplir las determinaciones asumidas en el Gran Cabildo del 4 de octubre, donde más de un millón 559 mil personas decidieron hacer respetar la tierra de Santa Cruz y la democracia en el país.

El presidente cívico, Luis Fernando Camacho, acompañado por representantes de instituciones y cívicos de provincia, se reunió este martes con los alcaldes de Concepción y San Ignacio de Velasco, para iniciar el proceso de verificación de asentamientos ilegales.

La comisión viajó el lunes a la Chiquitania tras concluir el plazo que se estableció para que el INRA proceda a desalojar los asentamientos ilegales. La comitiva se reunirá con los representantes de los municipios de Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, San José, Roboré, El Carmen Rivero Tórrez y Puerto Suárez. El primer encuentro fue en Concepción, con la intención de hacer un relevamiento de los asentamientos ilegales que tienen cada uno de estos municipios.

“Estamos cumpliendo el compromiso asumido y el mandato del nuestro Gran Cabildo. Defenderemos nuestra tierra y a todos los cruceños nacidos y no nacidos. Es nuestra identidad y nuestra gente, son nuestros bosques y nuestra amada Santa Cruz”, dijo el presidente cívico.

Luis Fernando Camacho manifestó que los alcaldes de Concepción y San Ignacio le entregaron información detallada en función de los asentamientos y avasallamientos que en estas zonas chiquitanas. El presidente del Gobierno Moral de los cruceños indicó que una vez verificados los asentamientos que no están cumpliendo la norma se procederá al desalojo conforme lo estipula la ley y el mandato del Cabildo.

Aclaró que esta situación no perjudica a los comunarios que tienen asentamientos desde hace muchos años ni a los que están de forma legal y legítima.

Resaltó que no se busca una confrontación, solo hacer respetar la norma, la tierra del departamento y el mandato de un Cabildo.

 Gobierno

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que espera que se respete el orden en el país y no exista provocación o violencia, en referencia al plazo que dio el cabildo de Santa Cruz para que campesinos asentados en la Chiquitania abandonen esas tierras.

"Lo importante es que no exista provocación, que no exista violencia, que no se desaten vientos violentos y ojalá se respete el orden en el país", dijo a los periodistas.

El viernes, el cabildo de Santa Cruz determinó, entre uno de sus puntos, dar un plazo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para que los campesinos que tienen tierras en la Chiquitania del departamento de Santa Cruz desocupen esa zona.

Quintana dijo que esa medida es "coercitiva" y aplicada en una concentración es cuestionable, tomando en cuenta, que se dotó tierras a sectores vulnerables que ahora tienen una actividad productiva.