Despachantes advierten daño a la formalidad

Ley Anticontrabando

El presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDASC), Antonio Rocha Gallardo, advirtió este jueves sobre riesgos que conllevan la aprobación de la nueva Ley de Lucha Contra el Contrabando, debido a que se debilitaría la formalidad en la economía.

Mencionó que en el traslado de mercadería hasta un recinto aduanero puede producirse una acción ajena a la responsabilidad del importador y que se tipifique "contrabando de mercadería no declarada".

"Nuestra principal preocupación son las modificaciones planteadas al Art. 181 del Código Tributario Boliviano que establece la tipificación de los ilícitos de contrabando. Básicamente estas modificaciones establecen como agravantes de la comisión del ilícito tributario la “reincidencia”, estableciendo que la reincidencia de un contrabando tipificado como contravención (de menor cuantía), se convierte en delito con sanción pecuniaria y penal", dijo.

Mencionó que existe riesgo para el importador formal y el Despachante de Aduana por ejemplo cuando se detecta el envío de un souvenir, material promocional o suplementario, sin ningún valor comercial que no estuviera declarado específicamente por el exportador en el extranjero, y este se constituye en “contrabando de mercancía no declarada lo que nos convierte en contrabandistas de baratijas" respecto al valor total de la importación que ha pagado todos los tributos aduaneros. En caso de reincidencia puede convertirlos en delincuentes con pena de cárcel.

"Otra modificación perniciosa al Art. 181 es el referido a la falsedad aduanera, que establece que la presentación de cualquier documento aduanero que posibilite la exoneración o disminución de tributos aduaneros, tal el caso de un certificado de origen que a juicio de la Aduana contenga errores u omisiones que invaliden el documento o una factura comercial que contenga una probable inadecuada clasificación arancelaria, esto se considera como el delito de falsedad aduanera con pena de cárcel de 6 a 10 años, cuando en ambos casos el documento que contiene supuesta información o datos falsos, no son responsabilidad del importador y menos del declarante, sino del emisor de tales documentos", manifestó.

En ambos casos, la contravención, aun en reincidencia, puede ser sancionada con el comiso de la mercancía no declarada o el pago del tributo omitido más la multa que correspondiere, afirmó Rocha.

"Es por demás evidente que hay una amenaza de daño grave a las importaciones formales que se puede causar en la lucha contra el contrabando, a las empresas importadoras formales y las Agencias Despachantes de Aduanas; si bien, la criminalidad no tiene ningún justificativo y debe ser castigada con todo el rigor de la Ley, también es muy importante proteger al sector formal de la rigurosidad de la norma en el caso de contravenciones o reincidencias en ilícitos no atribuibles directamente al consignatario o declarante", concluyó.