Gobierno acatará fallo de La Haya

Ministro de Justicia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, afirmó este viernes que el Gobierno acata el fallo dle Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que dio la razón a Chile en la demanda sobre la obligación de negociar una salida al mar para Bolivia.

La autoridad gubernamental se reunió en Santa Cruz con miembros de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, conformada por los órganos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y otras instancias, para evaluar alcances y consecuencias de la decisión d ela máxima instancia de justicia de las Naciones Unidas.

“Nosotros acatamos, cumplimos y respetamos el fallo de la Corte de La Haya, aunque no lo compartimos. Tenemos un criterio de que la Corte ha dictado un fallo incorrecto”, afirmó

En la oportunidad, el ministro Arce explicó ampliamente, a los miembros de esta instancia, los detalles del fallo de la CIJ que fue adverso a Bolivia, pero que no le resta el derecho de la demanda marítima.

Algunas autoridades gubernamentales  -durante la semana- virtieron declaraciones confusas sobre el respeto al fallo. El canciller Diego Pary indicó que Bolivia no tenía por qué acatar.

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Asimismo, el Consejo de la Magistratura expuso a la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, en el marco de la Ley 898, el reglamento para la selección de los vocales de las salas constitucionales por meritocracia y exámenes de competencia que serán sometidos a un proceso de selección transparente. 

Las salas constitucionales especializadas en las nueve capitales de departamento funcionarán al interior de los tribunales de justicia. Tendrán el objetivo de conocer y resolver las acciones de constitucionalidad de defensa de derechos fundamentales.

Las acciones de constitucionalidad (acción de libertad, acción popular, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad y acción de cumplimiento) que están establecidas en la Constitución, para hacer prevalecer, en su caso reestablecer la vigencia plena de los derechos, estará a partir del próximo año en manos de jueces especializados en materia constitucional.

También se presentó el anteproyecto de modificación a la Ley 1970 del Código Procesal Penal para reducir el hacinamiento carcelario y procurar la menor detención preventiva. 

Este anteproyecto plantea medidas para destrabar y agilizar los procesos “mediante la oralidad de los juicios con el respeto de los valores y derechos”. Este anteproyecto será puesto en consideración del Ejecutivo para que sea remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento respectivo.

El ministro Arce saludó el trabajo de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia.

Destacó el desprendimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura para avanzar en la reforma judicial.