Jhiery Fernández y los inocentes de las cárceles

Cara o Cruz

(*) Raúl Peñaranda U.

El 20 de noviembre de 2014, sólo una semana después de la muerte del bebé Alexander, publiqué una primera columna señalando que era improbable que éste hubiera fallecido por acción dolosa. Aunque no se sabían todavía todos los detalles, yo señalé que la criatura había muerto de pobreza, considerando la vida que tuvo en sus escasos ocho meses de vida, y no debido a un abuso sexual. Y critiqué, entonces, las acciones prepotentes e irregulares de los fiscales.

En abril pasado escribí la más reciente de mis opiniones al respecto, refrendando que el médico Jhiery Fernández era inocente, lo mismo que otros detenidos, que siguen presos en el pantano de aguas movedizas en el que se ha convertido la justicia boliviana. Los jueces y fiscales, dispuestos a meter a todos presos, lo hacen con aún mayor complacencia cuando se trata de casos de alta repercusión mediática y, mejor que mejor, si el acusado es un opositor.

Ahora que un oportuno audio refleja que efectivamente es inocente, y se desprende que los fiscales Ramiro Guerrero y Edwin Blanco presionaron para declararlo culpable, el médico debe ser liberado y los dos, entre muchos otros, procesados.

Me ratifico en que también deberían realizarse auditorías a los procesos que se desarrollan contra William Kushner, acusado sin pruebas de haber atropellado a su exnovia intencionalmente; Leopoldo Fernández, sentenciado sin pruebas por haber supuestamente organizado una emboscada contra campesinos (organizados en una marcha para provocar violencia por el exministro Juan Ramón Quintana); Zvonko Matkovic, acusado por haber recibido una llamada de 20 segundos de Eduardo Rosza, el entonces líder de un grupo ilegal, en el caso Hotel Las Américas. Por ese mismo tema, y con pruebas insustanciales, siguen presos Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Hasta el exprefecto Chito Valle, de mal recuerdo, ya ha cumplido su sentencia, pero la perversidad política lo mantiene en la cárcel. Podríamos seguir con decenas de otros casos, pero esta columna tiene un límite de espacio.

Existen varias razones por las cuales en Bolivia los inocentes están en las cárceles. Habrá que decir que este fenómeno ocurre en muchos países, pero es especialmente notorio en Bolivia, donde la crisis de la Justicia ya ha sobrepasado todos los límites imaginables.

La primera razón es política: para que los jueces y fiscales hagan lo que el Gobierno les pide en casos relacionados a líderes opositores o de su especial interés, les da carta blanca para que actúen a su libre albedrío en otros asuntos. Se da entonces un “quid pro quo”: tú haces lo que te pido en estos determinados casos, le dice el Gobierno a jueces y fiscales, y luego deja que éstos se corrompan libremente.

La segunda razón proviene de la primera: al no haber independencia judicial, los jueces y fiscales actúan “en consorcio”. Casi no se conocen casos en los que los jueces hubieran rechazado los informes preparados por la Policía y los fiscales, por lo general, mediocres. Un juez o jueza rara vez hace valer sus atribuciones para liberar a las personas que los fiscales desean poner tras las rejas.

Se supone, dice la Constitución, que los fiscales acusan y los jueces deben defender los derechos de los acusados. Si no hay pruebas suficientes, deberían dejar libres a los sospechosos: si las hay, tendrían que asegurarse que el sindicado tenga derecho a un juicio justo y que pueda, además, defenderse en libertad.

La tercera es que la visión autoritaria del régimen, que siempre busca escarmentar a los sospechosos, tengan o no que ver con acciones políticas, ha permeado todo el sistema judicial. Por ello se explica que exista un 70% o más de detenidos preventivos en Bolivia, el porcentaje más alto de las Américas. Los pobres presos y presas se pudren en las cárceles mientras penosos procesos judiciales avanzan a paso de tortuga, o de billete. Muchos de ellos son inocentes.

En cuarto lugar yo pondría la ineficiencia de los sucesivos ministros de Justicia. Ninguno hizo esfuerzos serios para mejorar esta situación puesto que dar independencia a jueces y fiscales, que es el primer paso para una reforma judicial, es muy riesgoso: ¿Qué pasaría cuando hay que acusar a Franklin Gutiérrez, el dirigente de Yungas? ¿Qué pasaría cuando se debe inhabilitar a un candidato presidencial? ¿Qué pasaría cuando se busca dañar a un dirigente incómodo del propio masismo? ¿Qué pasaría cuando se busca amedrentar a un personaje crítico?

Así que los ministros de Justicia están atados de manos, viendo de palco que los inocentes o los que roban una gallina están presos, mientras los que abusan del Fondo Indígena están libres. Tampoco es que les importe mucho. El rol del Ministerio de Justicia es político, no tiene como objetivo mejorar las condiciones de la justicia en el país. Por ejemplo, jamás se ha escuchado a los titulares de esa cartera demandar que el presupuesto de ese sector suba del insultante 0,4% actual del PGN. Habría que preguntarles a esos exministros (y al actual) exactamente cuál creen que es su rol en el gabinete. ¿Suplantar las acciones del canciller? ¿Asegurarse que el Presidente pueda ser reelegido indefinidamente? ¿Tener certeza de que los opositores serán presionados con procesos judiciales?

Por lo menos el médico Fernández y los otros acusados que menciono en esta columna, son personalidades públicas. Algo de protección seguramente tienen por esa causa y, finalmente, alguna presión puede ejercer la opinión pública para que se haga justicia. ¿Y los cientos o miles de personas anónimas que están en esas mismas condiciones? ¿Quién lucha por ellas? ¿Quién se acuerda? 
Una mafia de fiscales y jueces, coludida con el Gobierno del MAS, los mantiene tras las rejas.

(*) Periodista. / Twitter: RaulPenaranda1