El médico Jhiery Fernández, solicitó este lunes "libertad pura y simple", con el objetivo de dejar la detención domiciliaria y procurar "enganchar" un trabajo.

A través de un memorial, la defensa del sindicado de supuesta violación y muerte en el caso Bebé Alexander presentó el documento ante el Tribunal Décimo de Sentencia para dejar sin efecto su encarcelación.

El médico Jhiery Fernández presentó hoy un memorial ante el Tribunal Décimo de Sentencia a través del cual solicita una audiencia de modificación de medidas cautelares, para pedir su libertad pura y simple y dejar la detención domiciliaria en la que se encuentra debido a la condena de 20 años en su contra por el caso Alexander.

El abogado de Fernández, Cristian Alanes, adjuntó la auditoría jurídica realizada por el Consejo de la Magistratura que identificó responsabilidad administrativa y penal en jueces y fiscales por retardación de justicia. También se respalda en el informe del Defensor del Pueblo, que señala que los fiscales del caso escondieron pruebas relevantes.

"Para fines que en derecho me corresponden a los artículos 24, 115 y 180 de la Constitución Política; y 250 del código de Procedimiento Penal, siendo que mi persona se encuentra guardando detención domiciliaria solicito a su autoridad que señale audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares", señala.

La confesión de la exjueza Patricia Pacajes, en una reunión social particular, desenredó el ovillo de injusticias y ahora existe una alta probabilidad que el galeno pueda recuperar su libertad absoluta..

El fiscal Juan Lanchipa retiró la apelación que había presentado su antecesor, donde se exigía se amplíe a 30 años su sentencia condenatoria..

La historia del bebé Alexander que falleció a los ocho meses de edad el 13 de noviembre de 2014, conmocionó a la sociedad entera luego de que la forense Ángela Mora emitiera un certificado en el cual aseguraba que el pequeño que estaba albergado en el hogar infantil Virgen de Fátima en La Paz fue víctima de violación.

La ciudadanía espera que se defina de una buena vez este tema y Fernández se desenvuelva en sus actividades particulares.

Como prueba de su solicitud, la defensa presentó cuaderno de control jurisdiccional y auditoría emitida por el Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura determinó que al menos 20 funcionarios entre jueces, fiscales y personal de apoyo jurisdiccional cometieron presuntas faltas disciplinarias y delitos de acuerdo con el informe de auditoría del caso bebé Alexander, y dejó en manos del Ministerio Público y el Órgano Judicial la determinación de las responsabilidades y sanciones que correspondan.

Los indicios y hallazgos como resultado de la auditoría establecen que unos diez jueces y 14 fiscales cometieron errores en el polémico proceso; la suspensión de audiencias, incumplimiento de plazos y pérdida de actas perjudicaron el desarrollo del juicio, destaca Correo del Sur.

"Lamentamos tantas fallas y errores en este caso, en este juicio donde se suspendieron 106 audiencias de 221. Corresponde remitir el caso a las autoridades competentes, el Fiscal General, la representación del Consejo en La Paz y a los jueces disciplinarios", señaló el consejero Omar Michel.

En un juicio que no debería durar más de tres años, se hicieron 221 audiencias y 106 suspensiones.

El caso Alexander estalló después de que la jueza Patricia Pacajes revelara en un audio que condenó por la ahora cuestionada violación al bebé, a 20 años de presión al médico Jhiery Fernández, pese a no tener pruebas científicas.

El Consejo de la Magistratura reveló que no sólo los jueces cometieron errores en este caso, sino también los fiscales que no asistieron a las audiencias del juicio y plantearon una acusación cuestionada.

Todos los funcionarios observados están actualmente en funciones, agrega el matutino chuquisaqueño.

Los restos de dos fetos de aproximadamente cinco meses de gestación fueron encontrados este jueves por la Guardia Municipal dentro de un nicho vacío ubicado en el sector antiguo del Cementerio General de La Paz.

La jefa municipal de la Unidad de Relacionamiento y Coordinación Institucional, Mariana Correa. indicó que en las rondas que hacían funcionarios ediles en el camposanto, que hoy recibe miles de visitantes por la Fiesta de las Ñatitas, permitió encontrar los cuerpos aproximadamente al mediodía.

Las acciones fueron acompañadas por personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

“Hemos coordinado con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que ha hecho el levantamiento legal de los cadáveres y los mismos fueron remitidos a instancias policiales para realizar las investigaciones correspondientes”, explicó la autoridad edil.

Ambos restos estaban en un nicho, uno en un frasco y otro en un cajón. Los análisis e investigaciones permitirán establecer la data del abandono en ese sitio.

Según la autoridad, el anterior año también se presentó el caso del abandono del cuerpo de un bebé en el cementerio.

Operativos

Entre tanto, funcionarios de la Municipalidad continuaron este jueves con los operativos de control en ese recinto, proveyendo no encontrar otras irregularidades.  

“El trabajos es junto a la Policía, estamos viendo el tema del consumo de bebidas alcohólicas, vamos a ejercer las acciones hasta la conclusión de la jornada misma”, finalizó Correa.

El diputado opositor, Amilcar Barral, este martes presentó y oficializó la denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, por encubrir a su hermano Rogelio, que se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola acusado de estafa a la comunidad menonita.

En la puerta del Ministerio Público de La Paz, Barral dijo las autoridades de gobierno mantienen un silencio sospechoso y no se pronuncian respecto a las acusaciones que pesan con contra del ministro Cocarico.

"Acabamos de presentar la denuncia formal contra el ministro César Cocarico por delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento y omisión a denuncia, todo esto en el caso clan Cocarico, donde ya se tiene detenido a su hermano”, dijo.

Según el legislador el titular del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras conocía las denuncias e irregularidades por las que se le acusa a su hermano  y no las denuncio ni  formo parte denunciante de esos delitos.

“Hemos demostrado. Estamos demostrando con pruebas que el INRA la ABT que están a cargo de él (ministro Cesar Cocarico) sabían sobre este delito, porque había solicitudes de la fiscalía para que den información sobre el hermano de Cocarico”, dijo el legislador.

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva para una mujer de 26 años, acusada de reclutar engañadas a menores de edad para explotarlas sexualmente en la Región de Tarapacá. 

Según detalló la fiscal Karla Miranda, la acusada, de nacionalidad peruana, prometía a mujeres de Bolivia trabajar en Chile como garzonas, ayudándolas a ingresar al país por pasos no habilitados. Una vez en nuestro país, la imputada -identificada con las iniciales M.S.V.M. encerraba a sus víctimas en una casa donde las obligaba a ejercer la prostitución, publicó este lunes La Estrella de Iquique.

Durante la formalización, la fiscal relató que una menor de 17 años fue contactada en Santa Cruz, Bolivia, y tras llegar a Chile fue encerrada en la habitación de una casa ubicada en el sector de Los Guindales, en Alto Hospicio.

Por estos antecedentes, el tribunal determinó decretar la prisión preventiva a la mujer por ser un peligro a la sociedad y posibilidad de fuga. 

(Cooperativa)