El Ministerio Público convocará a declarar a 261 postulantes que habrían pretendido ingresar  a la Academia Nacional de Policías (Anapol) mediante la compra de exámenes y manipulación de las mismas anunció este lunes el fiscal Samuel Lima.

Explicó que existen los 261 archivos de postulantes, en los cuales se detectó que habrían aprobado irregularmente el examen al instituto policial mediante cohecho.

Recordó que está penado por Ley no sólo el funcionario que recibe dinero para cometer una irregularidad, sino también la persona que entrega un monto para favorecerse.

El fiscal señaló que ya son 11 personas que están con detención preventiva por este caso, y que se prevé ampliar la investigación a más ciudadanos. El fin de semana dos generales de la Policía fueron enviados a la cárcel de San Pedro.

Anunció que también se convocará a los funcionarios que formaban parte de los comités encargados del proceso de evaluación para la Anapol.

Siete personas ligadas al consorcio de jueces, fiscales y policías de Jhasmani T. L. fueron aprehendidas por la Policía y el Ministerio Público a pocas horas de que éste fuera transferido a la cárcel de Chonchocoro desde El Abra.

Se trata de la vocal de la Sala Penal Segunda, María Anawella T. P., y su esposo Cliver Yuri T. Q.; el teniente Carlos Armando P. R. del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), el subteniente Hugo M. D. (Iitcup), el sargento Adolfo S. B. de Laboratorio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo y el sargento José Armando T. T. de Laboratorio de la Felcc de Cercado.

Además, fueron detenidos el fiscal de materia Óscar Mauricio O. G. y, un día antes, su hijo de profesión abogado, Mauricio O. También existe una orden de captura contra el vocal de la Sala Penal César Nelson P. A.

La fiscal que lleva adelante el caso y que fue amenazada de muerte por ello, Faridy Arnez, explicó los nexos de Jhasmani T. usando de ejemplo sólo dos casos de los muchos en los que habría influido el bufete de abogados Lecrere y Asociados.

Mencionó el caso de las hermanas Adriázola, cuya sentencia de 30 años a los dos implicados fue anulada sólo por un error de transcripción. Resulta que Jhasmani fue abogado de uno de los sentenciados, y los vocales que conocieron el caso en la etapa de apelación fueron Anawella T.P. y César Nelson P. A., quienes se encargaron de anular la sentencia.

Producto de un allanamiento, se secuestraron varias memorias flash y CPU. “Ahí se encontraron proyectos de la resolución de autos de vista del caso Adriázola, donde está todo el proyecto de resolución que data del mes de enero de 2018, que fue entregada a los vocales, con la que se deja sin efecto la sentencia”, dijo la fiscal Arnez.

Hay “jueces que respondían (a Jhasmani) y sus resoluciones se hacían en el bufete de este abogado con plata de por medio. (Por tanto) estamos hablando de un ‘gran consorcio’ de jueces, fiscales, policías y abogados”, complementó el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.

Jhasmani y su grupo de colaboradores no sólo se dedicaban a intimidar y torturar a litigantes y otras personas para hacer cobros de deudas, sino que negociaban fallos judiciales a cambio de montos elevados de dinero y, para tener éxito en sus actos delincuenciales, conformaron una “gran” organización criminal.

Jiménez dijo que este consorcio también estuvo involucrado en el caso de un teniente de la Policía que fue encarcelado por el delito de feminicidio y posteriormente salió de la cárcel con medidas sustitutivas. Se presume que Jhasmani negoció la medida con la misma vocal Anawella.

Tomado: Los Tiempos

Este viernes el presidente, Evo Morales, instruyó anular los exámenes de admisión a la Academia Nacional de Policía (Anapol) ante denuncias de corrupción y manipulación  de pruebas para favorecer a quienes pagaron montos de dineros que varían entre 1.000 y 4.000 dólares.

En un acto que se realizó en la Academia de Policías, el Morales instruyó que se realzicen nuevas pruebas con supervisión de otras instituciones, entre ellas, el Ministerio de Gobierno y el Defensor del Pueblo.

"Todos los supuestos exámenes que dieron no valen. Pido al Ministro de Gobierno y al Comandante (de la Policía), los postulantes, nuevo examen, o nueva institución imparcial, bajo supervisión yo diría del Defensor del Pueblo, Ministerio de Gobierno", dijo.

El jefe de Estado explicó que se tomó la decisión de anular los exámenes por las denuncias sobre la alteración de notas en los exámenes de admisión y pidió transparentar ese proceso.

Organización criminal

Las investigaciones establecieron la existencia de una organización criminal por cobros irregulares y manipulación de documentos en el proceso de admisión a la Anapol dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

“Estamos en presencia de una asociación criminal, en la que han participado algunos miembros de la institución policial y dos empresas que presumiblemente sean falsas, es decir, personas civiles externas”, dijo Romero al momento de señalar que el Ministerio de Gobierno se constituirá en parte querellante.

La presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), Lyli Cortes, fue liberada la tarde del pasado día miércoles, tras la decisión de una juez por falta de pruebas en su contra, ya fueras de celda desmintió todas las acusaciones hechas por María Galindo y la FELCC de El Alto.

La dirigente fue aprehendida acusada por proxenetismo, además de cobros irregulares a nombre de la policía, que supuestamente realizaba a locales y trabajadoras sexuales  que pretendían salir de su control.

Cortez desmintió estas acusaciones alegando “que jamás voy a vivir de una trabajadora sexual por que yo ejerzo el trabajo sexual y sé lo que cuesta entrar a una pieza y ganarse unos pesos”,  afirmó.

Aseguró que se armó un complot en su contra porque Cortez llamó al director de la FELCC Carlos Prada, para llevar adelante un operativo a un alojamiento donde existe explotación sexual y fue ahí donde se la aprehendió.

Acuso a la FELCC y a la dirección de Trata y Tráfico, de privación de libertad, de ocho trabajadoras sexuales “Ellos no han caído por obra y gracia del espíritu santo he llamado yo y voy hacer la triangulación de llamadas”.

Afirmó que las trabajadoras sexuales realizan aportes voluntarios, para el entierro de alguna compañera o cuando alguna de ellas cae enferma, y pidió a la FELCC que se le realice una investigación minuciosa a ella y a todo su entorno.

Lily Cortez anunció, que se querellara contra el Subdirector de la FELCC de El Alto, por sus declaraciones y acusaciones sin pruebas, además contra María Galindo y la dirección de Trata y Tráfico.

La activista de mujeres creando María Galindo, junto a integrantes de la Organización de Mujeres en Estado de Prostitución (OMESPRO),se hicieron presente en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para sumarse a la denuncia  en contra de Lily Cortes quien es, presidenta de la Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTNB), quien es acusada por proxenetismo.

Según Galindo, la señora Cortez secuestraba los documentos de las mujeres en situación de prostitución,  que se quejaban de maltrato además de cobrar multas a locales a nombre de la policía qmontos que ascendían hasta los $us 200 y 300 mil.

“Local que no podía pagarle directamente con grupo como está organizado aquí afuera iban y destrozaban absolutamente todo” dijo.

Las victimas aseguraron que la señora Cortes, se apropiado de Servicio Regional de Salud (SERES) El Alto, indicando que las mujeres que reclamaban por horarios  o sus derechos o cualquier tipo de maltrato que sufría en el local que trabaja se le cortaba la atención y no le se le entregaba su libreta sanitaria.

Lyli Cortez, mientras era conducida por la Policía, aseguró que responderá a las acusaciones y aseguró que la detuvieron por denunciar a proxenetas y defender los derechos de una trabajadora.

Por otro lado el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, Freddy Medinaceli, informó que la entidad policial ha decidido sumarse a la querella contra Lily Cortez, por supuestamente usar el nombre de la entidad para cobrar dinero asimismo hizo el llamado a otras instituciones a sumarse a la denuncia en contra de la dirigente.